Reforzar los municipios

Las elecciones locales del 27 de mayo serán las octavas desde la restauración de la democracia en España. Son casi treinta años de democracia local y aun así, los municipios siguen siendo considerados muchas veces como administraciones periféricas, dependientes y subsidiarias. El goteo diario de escándalos financieros e inmobiliarios no ayuda precisamente a que esa realidad se modifique, sino que, al contrario, refuerza la opinión de aquellos que se afanan en proclamar los grandes beneficios de la centralidad estatal o autonómica como expresión de racionalidad superior frente a lo que se percibe como irresponsabilidad y baja catadura moral de los electos locales. Tampoco ayuda a un cambio de perspectiva el que, como denunciaba este mismo periódico el pasado martes, sigan permaneciendo en las listas de las candidaturas, tanto del PP como del PSOE y de otros partidos que se presentan en algunos de los más de ocho mil municipios españoles, decenas de cargos públicos implicados en causas judiciales. Y a pesar de todo ello, déjenme decirles que creo firmemente que sólo reforzando a los municipios y creando auténticos gobiernos locales, podremos garantizar y mantener la cohesión social del país, sin que ello impida que las labores de control y redistribución de recursos sigan siendo patrimonio de otras esferas de gobierno.

El local es el mejor espacio para ofrecer respuestas concretas e integrales a los problemas

La reivindicación del concepto de gobierno local no es sólo un problema de terminología, sino que expresa la voluntad de reivindicar un demos propio, una verdadera autonomía local. Si a finales de los setenta y ochenta la cantidad de cosas que era necesario afrontar en los pueblos y ciudades hacía casi innecesarias las elucubraciones sobre prioridades, protagonismos institucionales o maneras de hacerlo, todo ha cambiado mucho desde entonces. Se han ido resolviendo muchos problemas y carencias, pero ahora lo que está en juego es qué tipo de ciudad o pueblo se quiere, qué tipo de gobierno se precisa, o qué distribución de protagonismos y de responsabilidades entre iniciativa pública, iniciativa social y respuestas mercantiles es la preferida en cada caso.

Es en este contexto en el que se han ido transformando en los últimos años las políticas públicas en general y las locales en particular. Cada vez se hace más difícil desde ámbitos centrales o autonómicos de gobierno dar respuestas universales y de calidad a las demandas de una población menos indiferenciada, más consciente de sus necesidades específicas. Y esto hace que el foco de tensión se traslade hacia niveles más próximos al ciudadano, asumiendo así los gobiernos y servicios descentralizados una nueva dimensión como distribuidores de bienestar comunitario, pasando de una concepción en la que el bienestar era entendido como una seguridad en el mantenimiento de los derechos sociales para toda la población (indiferenciación-redistribución), a ser entendido como una nueva forma de ver las relaciones sociales de manera integradora y solidaria (especificidad-participación). Las políticas de bienestar han tendido a hacerse desde lejos y con lógicas de "negociado". Los enseñantes a los suyo, los sanitarios por su lado y los de servicios sociales de atención primaria recogiendo lo que los demás no eran capaces de tratar. En el ámbito local, la presión de los problemas obliga a ser más flexible. La proximidad se ha ido configurando como un factor que ayuda a integrar las respuestas concretas a demandas que requieren abordajes integrales. Y por tanto no es extraño que hoy los municipios sean espacios decisivos en el bienestar individual y colectivo. Es en el territorio donde conviven el personal sanitario, los trabajadores sociales, los empresarios y los trabajadores, los psicólogos, los policías, el personal de la administración de justicia, los dinamizadores económicos, los periodistas, los tenderos y los políticos. La gente que en el territorio, desde la proximidad, sabe y comparte la importancia de lo que pasa en el municipio en relación al futuro de la comunidad, del colectivo que vive y convive en un territorio específico, donde la gente mantiene vínculos de pertenencia e implicación en los asuntos comunes.

Es evidente, no obstante, que el tamaño del municipio es también una variable a tener muy en cuenta, y que por tanto no siempre la autonomía de decisiones es igualmente posible en municipios legalmente considerados de manera casi homogénea, pero con características reales muy distintas entre sí. Ello subraya la necesidad de avanzar y reforzar en las fórmulas mancomunadas, y en nuevos roles de las diputaciones como red de municipios. Pero también es cierto que las agendas locales siguen fuertemente condicionadas por las limitaciones que impone el hecho de que las políticas escolares y sanitarias, la formación profesional y ocupacional, y los servicios sociales especializados no forman parte hoy por hoy de la base competencial de los municipios. La participación de los municipios españoles en el gasto público global está todavía lejos de la que es en la mayoría de países europeos, y mientras las comunidades autónomas han pasado de no existir a controlar más de una tercera parte del gasto público, los municipios siguen anclados en cifras que rondan el 15% de ese gasto público total.

En definitiva, el gobierno local se enfrenta al futuro desde una agenda de actuaciones más compleja y heterogénea de lo que lo hacía años atrás. El cambio de época en el que estamos inmersos resitúa la significación y la capacidad de gobierno de los ayuntamientos. La vida de los ciudadanos y ciudadanas está hoy más llena de incertidumbres y de dudas sobre su trabajo, su familia, su vida, de lo que lo estaba hace unos años. Estas incertidumbres planean sobre la realidad social y afectan la vida de pueblos y ciudades. La política local tiene que ver hoy en día con cotidianeidad, estilos y formas de vida. Y son los ayuntamientos y sus equipos de gobierno los que desde posiciones de primera fila deben gestionar y tratar de implicar conjuntamente a la ciudadanía en la gobernación de la vida local, y en la resolución de unos problemas cada vez más complejos y más difíciles de resolver desde los recursos y las estructuras de gestión de que disponen los gobiernos locales.

Hemos de aceptar que el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos, depende cada vez más de la capacidad de servicio y de la capacidad de gestionar servicios y recursos desde la cercanía de los gobiernos locales. Los problemas de la gente requieren políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, con lógicas transversales y con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativos. En definitiva, sin reforzar los ayuntamientos no aseguraremos el bienestar ciudadano.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política y director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.