Un premio justo y necesario

El 11 de septiembre de 1990, cuando la prestigiosa antropóloga guatemalteca Myrna Mack salía de su trabajo en la sede de Avancso (Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales), en el centro de la ciudad de Guatemala, fue repetidamente apuñalada en plena calle hasta morir. El autor, posteriormente identificado y capturado, resultó ser un suboficial del Ejército guatemalteco perteneciente a uno de los más mortíferos servicios militares de información. Servicio que también protagonizaría otros importantes crímenes, incluido el asesinato del obispo monseñor Juan Gerardi, ocho años después.

Myrna era autora de rigurosos trabajos de investigación sobre los sufrimientos y destrozos sociales padecidos por las comunidades mayas desplazadas, que se vieron obligadas a huir ante las atrocidades del genocidio (626 masacres registradas por el informe de la ONU) perpetradas por las tropas del Ejército en el curso de aquel trágico conflicto interior. En consecuencia, por su trabajo y su línea de apoyo a aquellas comunidades destrozadas, Myrna Mack fue incluida por los militares en la categoría de enemigo interno de necesaria eliminación. La investigación desarrollada por la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala (equivalente a nuestro Defensor del Pueblo) concluyó calificando al crimen como "ejecución extrajudicial cometida por las fuerzas de seguridad del Estado".

Todo parecía indicar, por tanto, que la impunidad más absoluta caería como una losa sobre aquel crimen y que prevalecería para siempre, protegiendo a los altos jefes que ordenaron aquel asesinato, como era norma habitual y obligada en los crímenes de aquel Ejército (y en enorme medida sigue siéndolo casi dos décadas después).

Fue entonces cuando apareció la figura físicamente frágil pero moralmente ciclópea de su hermana Helen. Dispuesta a no permitir el olvido ni la impunidad, creó la Fundación Myrna Mack, dedicada a la memoria de su hermana, pero sobre todo a la lucha por la justicia que reclamaba aquel crimen y tantos otros más, cometidos en su país. A lo largo de años interminables, los esfuerzos de la Fundación tropezaron con amenazas y presiones indescriptibles, soportando la escasa duración de cada juez que asumía el caso, sus continuos relevos y abandonos bajo reiteradas amenazas, la fuga de testigos igualmente amenazados, la desaparición de importantes elementos de prueba, así como el asesinato del ejemplar agente de policía José Miguel Mérida por mantener y firmar el verdadero informe policial del crimen, y no el falso que trataban de imponerle, simulando un caso de delincuencia común. Así, venciendo con determinación aquella muralla prácticamente infranqueable, la Fundación fue consiguiendo logros increíbles en un país como aquél, empezando por la identificación, captura y condena del autor material, el sargento especialista Noel Beteta, que fue sentenciado a 30 años de prisión.

Pero el problema máximo, la verdadera muralla, se evidenció al investigar la autoría intelectual de sus jefes. La Fundación consiguió acumular, a lo largo de años, pruebas irrefutables sobre la responsabilidad de los tres máximos jefes militares del servicio secreto que ordenó, preparó y ejecutó el asesinato. El general Edgar Godoy Gaitán, el coronel Juan Valencia Osorio, y el entonces teniente coronel Juan Guillermo Oliva Carrera (hoy coronel), aparecían como directamente responsables, por constituir la cúpula jerárquica que decidió y ordenó el crimen.

En 1998, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU denunciaba las brutales coacciones contra el aparato de la justicia y el continuo cambio de magistrados, señalando: "Un total de 16 jueces han conocido los dos procesos (autoría material e intelectual). Ha habido amenazas contra los jueces, magistrados y testigos, seis de los cuales tuvieron que salir del país".

Finalmente, se logró lo que parecía imposible: en septiembre de 2002, tras innumerables obstáculos y aplazamientos, se afrontó la causa oral. En medio de terribles tensiones y amenazas, se dictó la sentencia de 3-10-02: el coronel Valencia Osorio era condenado a 30 años en calidad de autor directo de la orden criminal dictada al sargento Beteta, su autor material. Los otros dos acusados fueron absueltos, alegando "falta de evidencia suficiente", argumento enérgicamente rechazado por la Fundación Myrna Mack, que recurrió la sentencia.

Siete meses después, la presión y las amenazas dieron su resultado: el 7-5-03, en una vergonzosa decisión, aferrándose a una determinada frase absolutamente vacía, la sala de apelaciones decretaba la nulidad de la sentencia anterior, ordenando la inmediata puesta en libertad de los tres procesados, incluido el condenado a 30 años. Las organizaciones internacionales de derechos humanos clamaron contra esta iniquidad, que fue nuevamente recurrida por la Fundación.

Finalmente, la Corte Suprema de Guatemala, el 14-1-04, se pronunciaba en casación contra la anterior sentencia absolutoria, restableciendo, como no podía ser de otra forma, la sentencia condenatoria del tribunal de primera estancia, con sus 30 años de prisión para el coronel Valencia como autor de la orden criminal, ordenando nuevamente su captura. En vano Helen Mack clamó por la necesidad de su arresto inmediato. La policía tardó lo suficiente (varios días) en acudir a detenerle, para facilitar al máximo su escapatoria. Cuando se le buscó había volado de su domicilio, y permanece fugado hasta hoy. La impunidad crónica de los grandes criminales guatemaltecos quedaba restablecida una vez más. Pero la Fundación había logrado la sentencia condenatoria y el reconocimiento judicial de la muerte de Myrna como lo que realmente fue: un crimen de Estado y no un delito común.

Resulta obligado subrayar igualmente otro brillante logro de la Fundación Myrna Mack alcanzado a nivel nacional y continental: la sentencia condenatoria contra el Estado de Guatemala emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por asesinato, encubrimiento y denegación de justicia en el caso Mack, como justa respuesta a la denuncia presentada por la Fundación. Aquel día 22 de abril de 2004, hace ahora tres años, igual que aquí pocos días atrás en el Paraninfo de Alcalá, Helen Mack vivió uno de esos momentos de gloria absolutamente merecidos y de obligado cumplimiento en lo personal y lo institucional. En aquella ocasión, en presencia de las más altas autoridades guatemaltecas, el presidente y vicepresidente de la República, los presidentes de los órganos legislativo y judicial, los cuerpos diplomático y consular acreditados en el país, junto con numerosos parlamentarios y funcionarios del Gobierno, y el nutrido público asistente, se celebraba el Acto de Reparación impuesto por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25-11-03, y que implicaba la proclamación de culpabilidad del Estado de Guatemala en el asesinato de Myrna Mack, cometido trece años atrás. Ceremonia que Helen aprovechó para exigir que la justicia prevalezca en tantos otros crímenes perpetrados en su país.

Ésta es la institución y la persona a las que la Universidad de Alcalá y el Defensor del Pueblo acaban de galardonar, hace escasas fechas, con el Premio Rey de España de Derechos Humanos, entregado solemnemente por el propio Rey en el viejo y noble Paraninfo de la Universidad. Premio otorgado a esa infatigable defensora de la dignidad y la justicia que es Helen Mack, y a su fallecida hermana Myrna, pues, en definitiva, ambas han resultado galardonadas al recaer el premio sobre la Fundación. Personas como éstas están muy por encima de un factor tal como su nacionalidad, sea cual fuere. Personas como Myrna y Helen Mack nos pertenecen a todos, a la humanidad entera, y al premiarlas honramos a lo mejor de nosotros mismos.

He aquí, por tanto, un galardón justo y necesario, que honra muy merecidamente a quien lo recibe, pero que, en ocasiones como ésta, también honra especialmente a quienes lo conceden, por la inmensa justicia y ejemplaridad de su atribución.

Prudencio García es investigador y consultor del Instituto Ciencia y Sociedad. Fue miembro del equipo de expertos internacionales de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU sobre Guatemala.