Retrasos judiciales

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en su última Memoria, ha alertado del grave retraso que sufre la administración de Justicia. Su presidente, Augusto Méndez de Lugo, afirma que este retraso deriva en una "gravísima situación de ineficacia" que pone en riesgo las garantías constitucionales. No es nada nuevo. La Administración de Justicia es la gran asignatura pendiente de la democracia. No en lo que a leyes se refiere por cuanto éstas nacen del Parlamento sea estatal o autonómico, sino en lo que a estructura, organización y funcionamiento. Aquí no caben engaños. Desde hace ya algún tiempo -casi desde siempre- la opinión generalizada de los ciudadanos es la de que contamos con una Justicia lenta e ineficaz. Una situación que exigía una reforma en profundidad. Una reforma que respondiera a las exigencias de una sociedad moderna y democrática y en la que los procesos no se eternizaran. Hoy, y no cabe llamarse a engaños, muchas de estas reformas han tenido lugar para conseguir este objetivo. Los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA hace ya muchos años que son una realidad; la creación de numerosos juzgados en los distintos órdenes judiciales, otra; mejores y mayores oficinas una más; la utilización informática con carácter general es un hecho y algunas reformas procesales también. Pues, bien, a pesar de todo el deterioro de la Justicia sigue avanzando y es tal que, el propio presidente del TSJA, advierte que existe un riesgo de que se quiebren las garantías constitucionales. Una advertencia que con la que más que prevenirnos está diciendo que el riesgo ha tenido lugar. Después de todo si el Tribunal Constitucional dice que el art. 24.2 consagra el derecho fundamental de los ciudadanos a un proceso sin dilaciones indebidas, o lo que es lo mismo que los tribunales finalicen los procesos abiertos ante ellos en un plazo razonable, hay que decir que este derecho fundamental no se está cumpliendo en Andalucía. Una inobservancia mucho más acentuada en el orden contencioso administrativo, con más de seis años de retraso en la propia de sede del TSJA. En Granada.

Esta responsabilidad recae fundamentalmente sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es el órgano encargado de buscar y dar soluciones, con apoyo de las CC AA, a los problemas de funcionamiento de jueces y tribunales. Una ocupación a la que apenas se ha dedicado. Menos aún en estos tiempos de Hernando, más preocupado en determinados nombramientos y en politizar el órgano de los jueces que en intentar solucionar retrasos que deterioran la Justicia y la hacen menos justa.

Tal vez con la entrada en funcionamiento de los Consejos de Justicia que, como órganos de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía, se establecen en el Estatuto de Autonomía y las mayores, y mejores competencias que también otorga a la Junta, puedan ayudar a un problema que el actual sistema no sólo no ha resuelto, sino que acentuado su deterioro. Habrá que estar a la espera del desarrollo legal de estas nuevas medidas para que pueda empezar a solucionarse este problema.

En tanto llegan, no estaría nada mal que el presidente del TSJA exigiera y lograra refuerzos que permitan frenar este retraso histórico, cuidando y vigilando que las medidas cautelares en sede contencioso-administrativa se adopten con urgencia, para impedir que las sentencias futuras sean papel mojado. Tampoco estaría nada mal que la Consejera de Justicia en lugar de destacar, como ha hecho, las opiniones de algunos jueces que dicen que "no creen en el Estatuto ni en el mayor autogobierno", les recordara que el Estatuto no es un acto de fe. Después de todo los jueces no son cargos políticos ni eclesiásticos, por muchos que algunos se empeñen.

En fin, que el mayor autogobierno que nos hemos dado los andaluces va a permitir que contemos con una Administración de Justicia, dentro del Estado, bien organizada, estructurada y con un mejor funcionamiento, quedando responsables de que estos objetivos puedan cumplirse; y se cumplan.