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Editorial:

Rigor laboral

Los accidentes laborales constituyen un doloroso problema irresuelto en España. Igual que los accidentes de tráfico, ocupan la atención preferente de la opinión pública sin que las sucesivas administraciones democráticas hayan sido capaces de combatir una lacra que cuesta casi un millar de muertos y un millón de accidentados al año. El actual Gobierno negocia un acuerdo con los sindicatos y las empresas orientado a bajar la siniestralidad. Pretende reforzar la figura del delegado de prevención en las pequeñas y medianas sociedades, el grupo de empresas que en España cuenta, según las estadísticas, con el doble de probabilidades de las grandes de que sus empleados tengan un accidente laboral. El delegado de prevención, que ya puede elegirse hoy en las empresas de más de 50 trabajadores, no tiene facultad sancionadora, pero puede emitir recomendaciones o participar con la dirección de la empresa en preparar medidas de seguridad.

Sorprende que el universo laboral de las pequeñas y medianas empresas -más del 90% de las espa-ñolas- no contase hasta ahora con esa figura. Temen los empresarios, al parecer, que se convierta en otro poder sindical. Si el Gobierno confía en la eficacia del delegado de prevención, debería garantizar a las empresas que tal desviación no se producirá. A su vez, éstas deberían considerar como argumento de peso que un representante independiente contribuirá a mejorar su percepción de las causas de los accidentes, que están dañando la imagen social de compañías de sectores importantes, como el de la construcción, favorecido durante ocho años de legislatura del PP como motor casi único de crecimiento económico.

Coincide la negociación de ese gran acuerdo con la entrada en vigor de la ley que prohíbe a las constructoras contar con más de tres subcontratas y obliga a este tipo de empresas a contar con un porcentaje mínimo de trabajadores fijos. Es una regulación lógica, puesto que el 90% de los accidentes se producen precisamente en las empresas subcontratadas; y sin duda las nuevas limitaciones tendrán efecto a medio plazo. Pero los resortes principales que deben activarse para reducir la siniestralidad laboral tienen que ver con la vigilancia y la aplicación de las normas de seguridad laboral. Como en muchos otros ámbitos económicos, abundan las leyes y faltan medios y voluntad de aplicarlas. Ya es hora de que la Administración aumente el número de inspectores de trabajo y aplique tajantemente las sanciones que ofrece la ley. Si los agentes sociales no se creen las leyes, no cesarán los accidentes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de abril de 2007