Narbona cifra en 500.000 euros al día el coste de no construirse la desaladora

La decisión del Ministerio de Medio Ambiente de retomar las obras de construcción de la desaladora de Torrevieja, tras tres semanas de interrupción y tras recibir el respaldo del Tribunal Constitucional, atizó ayer las críticas y las advertencias de la Generalitat al Gobierno. Pese a ello, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que parar la desaladora supondría pérdidas de 500.000 euros al día en la actividad agroalimentaria de la Comunidad Valenciana. Una cifra a la que habría que añadir las derivadas del daño al sector turístico. Narbona aseguró que la diferencia entre el Gobierno y la Generalitat es que los primeros trabajan "para los valencianos" mientras que los segundos lo hacen "en contra".

En Valencia, el secretario socialista de Medio Ambiente, Francesc Signes, defendió que la decisión del Constitucional de aceptar a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno y dejar así en suspenso la decisión de la Generalitat de parar la construcción de la planta "desautoriza a Camps y al PP". "Las mentiras que está intentando vender el Partido Popular están siendo desmontadas por todas las instancias", dijo Signes.

Mientras, el Consell insistió en su intención de buscar "todos los argumentos" a su alcance para que la desaladora no se construya "en esas condiciones", según el consejero de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón. Y el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, también lanzó su advertencia y aseguró que el Consell "seguirá vigilando de cerca" las actuaciones relacionadas con la obra. Pons rechazó de plano que el Constitucional haya "desautorizado" a la Generalitat y defendió que "lo único" que ha hecho el alto tribunal es "admitir a trámite el conflicto de competencias" sin entrar en el contenido. El consejero, además, volvió a advertir a las empresas adjudicatarias de que si la obra termina declarándose ilegal, "la responsabilidad civil y penal se extenderá" a todos los que han participado en la planta.