La situación implica a cuatro departamentos del Ejecutivo

Los servicios que a partir de mañana quedan sin cobertura legal dependen de cuatro departamentos del Gobierno. El convenio marco denunciado por el Ejecutivo no atañe, sin embargo, a la prestación de los servicios de seguridad exterior de las tres prisiones vascas, que efectúa Interior a través de la Ertzaintza.

La parte más significativa del gasto total, de cuatro millones de euros, excluido el apartado de seguridad, la realiza Sanidad. Este departamento destina 1,6 millones, de los que luego recupera 408.000 de la Administración central, a la atención médica en consulta u hospitalaria a los reclusos, a los gastos en farmacia y también al control epidemiológico, de los alimentos y del agua.

Aunque Instituciones Penitenciarias mantiene su propio cuerpo de maestros, que realizan sus funciones en los centros de Martutene, Nanclares de Oca y Basauri, el Departamento de Educación destina 18 profesores a impartir clases de Primaria y Secundaria en las tres prisiones. También costea material didáctico.

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, a través de la Dirección de Drogodependencias, gasta 675.000 euros en programas de prevención y atención a toxicomanías y también se ocupa de las ayudas a los presos cuando salen de la cárcel.

Justicia, por su parte, tiene presupuestados en las cuentas de 2007 un total de 805.000 euros. Esta consejería emplea ese dinero sobre todo en proporcionar subvenciones a asociaciones dedicadas a la acción social penitenciaria y también en el turno de asistencia legal. El departamento cuenta igualmente con servicios de ayuda a la reinserción y de apoyo, junto con Educación, a jóvenes penados.