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La negociación para traspasar Cercanías se demora hasta el verano

La Generalitat quiere más garantías de que recibirá un servicio saneado y modernizado

Miquel Noguer

Las negociaciones para el traspaso de la red de Cercanías a la Generalitat tendrán que esperar al menos otros dos meses. Así lo acordaron ayer los representantes del Gobierno catalán y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en la segunda reunión de la Comisión de Traspasos que sí avanzó en la transferencia de los tres aeropuertos secundarios de Cataluña y de la política de costas. Cercanías tendrá que esperar hasta ver cómo se desarrolla el anunciado plan de choque de Fomento para su mantenimiento.

La reunión de ayer evidenció que el Gobierno catalán ha sido demasiado optimista. No hace ni tres semanas, el consejero de la vicepresidencia, Josep Lluís Carod Rovira, se mostró confiado de que el traspaso de Cercanías se produciría en seis meses. La reunión de ayer sirvió para desmentirlo. O casi.

A la salida del encuentro, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, admitió que lo único que se pudo hacer ayer en este sentido fue crear un "grupo de estudio" que evalúe el grado de cumplimiento del plan de choque de Fomento para la mejora de las líneas de Cercanías y evalúe el coste total de tan importante traspaso. "No queremos aceptar una transferencia sin las inversiones oportunas del Gobierno central", por lo que "habrá que reunirse, establecer qué se hace con las inversiones del plan de choque y tomar la siguiente decisión".

Todo esto hará que hasta la próxima reunión de la comisión de traspasos no se pueda tomar ninguna decisión en firme. Y eso no será, como pronto, hasta junio, aunque tampoco se descarta que sea tras las vacaciones de verano.

Fuentes gubernamentales no ocultaron ayer cierta decepción por el retraso, pero insistieron en que la Generalitat no puede aceptar el traspaso de Cercanías en el mal estado de conservación en que se encuentra. "Sería una irresponsabilidad", adujeron estas fuentes. Otras fuentes del Gobierno explicaron ayer que el objetivo del presidente, José Montilla, es no crear la ponencia de traspaso hasta que el acuerdo político esté completamente cerrado. "Queremos que la ponencia sea meramente técnica y que trabaje en función a un acuerdo ya cerrado".

Sea como sea, el retraso anunciado ayer dio abundante combustible a la oposición. De "estafa" y "tomadura de pelo inmensa" habló el portavoz parlamentario de Convergència i Unió, Felip Puig, tras conocerse los resultados de la reunión. En opinión de Puig, el Gobierno central "no está dispuesto a avanzar ni un paso" en el desarrollo del Estatut "hasta que no se cierre este ciclo electoral", es decir, hasta que no pasen las próximas elecciones generales.

Demorado en el tiempo el traspaso de Cercanías, el Gobierno catalán quiso enfatizar ayer lo que sí consiguió en la reunión con Sevilla: el traspaso de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell y la gestión en política de costas.

El primer paso para la transferencia de los aeródromos será que dejen de formar parte de la red de aeropuertos "de interés general" del Estado. Este mismo proceso, aclaró Sevilla, se llevará a cabo en otros aeropuertos del Estado.

Aunque el traspaso del aeropuerto de El Prat ni siquiera se abordó en la reunión de ayer, el ministro Sevilla no quiso dar a entender que el Gobierno dé marcha atrás en sus promesas en este sentido. Es más, dijo hacer suyas las reivindicaciones de la sociedad civil catalana. "Estas reivindicaciones no representan una postura muy alejada de la del Gobierno central", dijo.

Tras la reunión de la comisión bilateral, el ministro también mantuvo un encuentro con el presidente de la Generalitat, José Montilla. En este encuentro, según fuentes de Presidencia, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de agilizar los traspasos.

Pero en lo gestual, Sevilla no dio la misma imagen en la conferencia de prensa posterior a la reunión de la comisión bilateral. En ella, y ante Joan Saura, Sevilla recordó que el Estatuto de 1979 no se tradujo en nuevas competencias para la Generalitat hasta pasados dos años de su aprobación. En ese momento, Saura ironizó ante el ministro: "Esperemos que esta vez no sean dos años".

Con todo, ministro y consejero recordaron que además de los aeropuertos, la reunión de ayer supuso el espaldarazo definitivo a la transferencia de las competencias en materia de ordenación del litoral; de la inspección de las telecomunicaciones; de las asociaciones y fundaciones, y de la codificación de libros y publicaciones periódicas.

El ministro Jordi Sevilla y el consejero Joan Saura, ayer en la Generalitat.
El ministro Jordi Sevilla y el consejero Joan Saura, ayer en la Generalitat.EFE

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Sobre la firma

Miquel Noguer
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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