Anticorrupción aprecia delito en el ex jefe de urbanismo de Aguirre

La Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios de que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto cometió, como mínimo, un delito: el de actividades prohibidas a funcionarios y abusos en su función. Porto enterró un informe de los técnicos a sus órdenes contrario a un plan urbanístico que le favorecía personalmente. El registro inmobiliario y el testimonio de sus antiguos subordinados lo evidencian.

Porto enterró el informe técnico contrario a un plan que le favorecía personalmente

La Fiscalía Anticorrupción sólo ha analizado hasta el momento uno de los planes urbanísticos del ex director general que denunció el PSOE con base en los artículos publicados por este diario: el pelotazo inmobiliario que Porto dio en un sector del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada.

Una llamada de EL PAÍS para consultar por las gestiones que hizo Porto para desbloquear dicho plan, provocó el fulminante relevo del responsable de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que preside la popular Esperanza Aguirre, en octubre pasado.

El estudio de este caso por Anticorrupción, según fuentes conocedoras de las pesquisas, ya ha perfilado la posible violación de un artículo del Código penal: el 439, que trata de "de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función".

Según este artículo, "la autoridad o funcionario público que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier caso de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de multa de doce a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años".

Porto ha defendido públicamente -aún no ha sido citado a declarar por Anticorrupción- que él se limitaba a tramitar o elevar los informes de sus técnicos sin apenas tocarlos. Esto, al menos en el caso de su sector, el 1 en Villanueva de la Cañada, no es cierto.

Tres funcionarios habían forzado el aplazamiento de la aprobación de dicho sector en mayo de 2003: el jefe del servicio de planeamiento y control de Madrid Metropolitano, Jesús Sánchez-Cabezudo; la responsable jurídica, Cristina Navajas, y la responsable técnica, la arquitecta Norma Pérez-Huerta.

Las dos últimas insistieron en septiembre de 2004 en que dicho sector seguía vulnerando la legalidad, pues seguían sin subsanarse tres anomalías denunciadas en su informe de un año antes, por lo que su aprobación, según su testimonio, debía seguir suspendida.

El testimonio prestado por dichos funcionarios en Anticorrupción, según personas conocedoras del mismo, ha sido demoledor: han proclamado la ilegalidad del plan parcial de Villanueva de la Cañada que Porto elevó para su aprobación y han desbaratado el argumento presentado por un alto cargo fiel al ex director general de que era normal que se desoyeran o ignoraran estos informes.

Por el contrario, los funcionarios han proclamado lo insólito de la actuación personal de Porto en este asunto: los informes finales que se elevaban a la comisión de Urbanismo para aprobar cualquier plan siempre estaban basados en los que ellos previamente elaboraban, y, por dicha razón, el documento definitivo llevaba su rúbrica. En el caso del informe final del sector 1 de Villanueva de la Cañada, insólitamente, no aparecían la firma de ninguno de los técnicos. Lo rubricó Porto, junto con un alto cargo, su subdirector.

Si a la intervención de Porto en este plan, que dejó trazas tan fáciles de seguir por Anticorrupción, se une que la consulta del registro inmobiliario ya ha probado sus intereses en dicho sector, el cortocircuito entre los intereses privados y las actuaciones públicas del ex alto cargo de Aguirre ha quedado en evidencia a los ojos de los investigadores.

Porto, junto con sus socios privados, poseía 22.000 metros cuadrados en el sector 1 de Villanueva de la Cañada cuando fue nombrado director general de Urbanismo de Madrid. Los técnicos a sus órdenes le plantearon en septiembre de 2004 que debía mantenerse la suspensión para edificar en dicho sector porque no se habían corregido tres deficiencias que denunciaron en mayo de 2003 y que provocaron que la comisión de Urbanismo devolviera el plan al Ayuntamiento. Porto desoyó y enterró el informe de sus técnicos. En su lugar, elevó un informe en el que daba por subsanadas todas las deficiencias.

La comisión de Urbanismo, con presencia de Porto, sólo conoció el informe elevado por el director general. Los miembros de la comisión nunca conocieron el informe contrario de los técnicos, ni mucho menos de que quien les elevaba el plan poseía terrenos en esa zona.

La comisión aprobó el plan el 28 de septiembre de 2004. Este hecho revalorizó tanto sus terrenos que Porto lo incluyó en sus escrituras de venta: "Las fincas se encuentran dentro de un sector de suelo urbanizable que dispone a fecha de hoy de plan parcial aprobado definitivamente y firme en derecho".

En enero de 2006, Porto y sus socios, vendieron esos terrenos por 4,3 millones de euros, cuando los habían comprado por apenas 87.000 euros antes de su recalificación, en 1999, que también fue obra suya como autor del planeamiento municipal.