El fiscal abre diligencias penales por el presunto fraude electoral en Cabanes
El fraude electoral puede estar castigado con penas de prisión mayor y multas de entre 180 y 1.800 euros. En Castellón, son varios los municipios cuyos censos están siendo analizados con el fin de verificar si han existido empadronamientos masivos. El fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, desveló ayer que ha abierto diligencias penales y, por lo tanto, una investigación, sobre la posible comisión de un engorde del censo electoral en Cabanes. La investigación es fruto de la denuncia presentada por Carles Mulet, concejal de Esquerra Unida en el municipio. Al examinar el censo expuesto en el ayuntamiento, comprobó la solicitud de alta de alrededor de 40 empadronamientos. Como certificación, los "nuevos vecinos" alegaban vivir en domicilios que en algunos casos, tal como comprobó Mulet, correspondían a la vivienda del propio alcalde, Artemio Siurana (PP), de familiares suyos, así como de otros dirigentes locales del PP. El edil de EU presentó la denuncia ante la fiscalía, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Junta Electoral.
El INE inició sus propias certificaciones y, tras la visita de técnicos al municipio, no pudo localizar a los nuevos empadronados donde decían residir. Así, dio traslado del informe a la fiscalía ante la posibilidad de que se haya cometido un posible fraude fiscal. Además de no encontrar a los "nuevos vecinos" en sus "nuevos domicilios", las inspecciones también destaparon que las señas aportadas correspondía, en otros casos, a lugares inhabitables.
Más investigaciones
Javier Arias señaló ayer que también está investigando el empadronamiento masivo detectado en Salzedella y denunciado por el edil del Bloc, Sergi Beltrán, que detectó 33 altas en un mes en un pueblo de menos de 700 votantes. En este caso, además, el edil aportó imágenes de las direcciones que se correspondían con las que figuraban en el censo y que resultaron ser locales, casas abandonadas o, incluso, solares.
Al igual que el caso de Cabanes, el INE también envió requerimientos a otros ayuntamientos con el fin de que facilitaran los domicilios señalados en la solicitud de alta del censo con el fin de comprobar la veracidad de los datos. En el caso de la Pobla de Benifassà, el requerimiento ha provocado un "adelgazamiento" del censo después de que el PSPV denunciara también la incorporación masiva de nuevos votantes. La "renuncia" se debe a que alrededor de 40 personas no han presentado en el ayuntamiento el documento acreditativo que certifique que realmente viven en el domicilio que señalaron en la solicitud.
Por su parte, los Ayuntamientos de Vall d'Alba y Fanzara aún no han facilitado al Instituto Nacional de Estadística los documentos solicitados con lo que el organismo no ha podido llevar a cabo la inspección que certifique si se trata de un intento de fraude o un verdadero crecimiento poblacional.
