El problema de fondo

Uno de los mayores motivos de enfrentamiento entre el Partido Socialista que dirige José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Popular que controla Mariano Rajoy gira en torno a una cuestión "de principio", un tema básico, que afecta transversalmente a proyectos muy diversos.

Se trata del "modelo político" por excelencia: ¿deben los ejes de la política española, los elementos sustanciales del modelo político español, basarse en un acuerdo o consenso entre los dos grandes partidos "nacionales" o hay que dar entrada a los otros partidos minoritarios de forma que se alíen ocasionalmente a uno solo de los dos "grandes" para dirimir cuestiones de Estado? ¿Se puede avanzar en cuestiones "esenciales" del modelo de Estado sin el consenso de los dos grandes partidos? ¿Es posible desarrollar cuestiones "de fondo" con uno solo de esos dos grandes partidos, siempre que consiga la mayoría suficiente con otros partidos minoritarios?

El PP admite que su modelo territorial no es brillante: lo que hay. "Pero el del PSOE no es homogéneo: dentro de la Constitución, sirve lo que logre consenso en cada autonomía"

Al margen de los enfrentamientos diarios que parecen basarse en cuestiones puramente electorales, es cierto que PSOE y PP se están enfrentando también por auténticas discrepancias de fondo, por imponer modelos muy distintos con vistas al desarrollo político español en el siglo XXI, y que esa batalla, que impregna todo lo demás, pasa a veces algo desapercibida para el conjunto de los ciudadanos, absortos en el navajeo cotidiano.

Un buen ejemplo para entender cómo afecta esa discrepancia al conjunto de los debates del momento sería el reciente enfrentamiento PSOE-PP sobre el funcionamiento de los principales órganos de Justicia: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas.

Cualquier observador neutral afirmaría que el modelo actual de nombramiento de sus integrantes no funciona, como tampoco lo hace el sistema de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. La mejor prueba la constituye la incapacidad de proceder al relevo de sus miembros cuando cumplen sus mandatos y la percepción ciudadana de que obedecen a instrucciones emanadas de partidos políticos, con el consiguiente desprestigio institucional.

Para hacer frente a la situación, los socialistas proponen un sistema que abra esos órganos de poder a más partidos, de forma que ninguno de los dos grandes grupos "nacionales" disponga de una minoría total de bloqueo. La respuesta del PP es de rechazo frontal, porque considera que el PSOE está en mejor disposición de alcanzar acuerdos con los partidos minoritarios, sobre todo porque en España se trata fundamentalmente de partidos nacionalistas con los que el PP se encuentra cada vez más enfrentado.

Colapso del sistema

Los socialistas recuerdan que no siempre fue así, que el PP solía sentirse más próximo a CiU y a Coalición Canaria que el PSOE. E insisten en que existe un problema con las minorías de bloqueo en asuntos esenciales porque pueden terminar por colapsar el funcionamiento completo del sistema. El PSOE, explican, desearía acordar con el PP los asuntos de Estado, pero eso es imposible si se cierran las puertas a toda posibilidad de acuerdo.

Los socialistas introducen matices sobre las diferencias de modelo. No se ha roto el consenso entre los dos grandes partidos sobre los temas básicos del Estado, explican. Lo que se ha roto es el consenso sobre cómo responder al desafío del nacionalismo y al desafío del terrorismo, que para el PSOE son capítulos distintos, mientras que el PP los mezcla en demasiadas ocasiones. El problema, según lo explican los socialistas, es que el PP ha mantenido el programa de la segunda legislatura de Aznar, una posición, sobre todo, extraordinariamente conservadora respecto al nacionalismo.

En el PP sí creen que existe ese enfrentamiento "básico" sobre el modelo. Desde su punto de vista, no es tanto un problema de consenso en los procedimientos como de acuerdo en el modelo final de Estado, fundamentalmente en la cuestión territorial. Ahora hay dos modelos distintos, dicen. El del PP, aceptan incluso en sus filas, es muy poco brillante: lo que ya existe, punto. Es fácil de entender y de anunciar, pero poco ajustado a las progresivas necesidades de las comunidades. El modelo del Gobierno de Rodríguez Zapatero no es un auténtico modelo, aseguran en el PP, porque lo deja casi todo abierto. Se resumiría en: nos vale todo lo que se acuerde o tenga consenso dentro de un territorio determinado, siempre que encaje en la Constitución. Eso no es un modelo de Estado homogéneo, critican, sino un simple procedimiento.

La cuestión es que el debate del modelo, que no llega a los ciudadanos, es, sin embargo, el que más emponzoña las relaciones entre los dos grandes partidos, reconocen unos y otros.