El Partido Popular asegura que están garantizadas todas las dotaciones públicas afectadas

El grupo de gobierno del Ayuntamiento ha recurrido la sentencia "que, aun diciendo lo que dice, es utilizada por el portavoz del BNG de forma perversa", señala el actual concejal de Urbanismo, José Luis Rodríguez Cid, en quien el regidor local, Enrique Nóvoa, ha delegado las explicaciones. "Es que se quiere implicar al alcalde en esta cuestión", señala el edil, "con el único objetivo de desprestigiarlo electoralmente".

El portavoz del PP advierte que las declaraciones de la oposición "son alarmistas y propias de época electoral", ya que "no es cierto que haya un futuro incierto sobre las dotaciones públicas de la zona".

El grupo de gobierno sostiene que al anularse el plan del 2003 en los 75.000 metros cuadrados de A Ponte "entra automáticamente en vigor el anterior planeamiento, con lo que quedan garantizadas todas las viviendas y dotaciones de esa zona de la ciudad, con excepción de las de la parcela de 4.000 metros cuadrados, en la esquina de la Avenida de As Caldas con la calle Basilio Álvarez, cuyos propietarios recurrieron judicialmente".

Rodríguez Cid no entra a valorar por qué el Ayuntamiento concedió toda la edificabilidad a un promotor y las cargas a los particulares. El actual responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense insiste en que no hay motivo para la alarma social. "Esto no es más que una cortina de humo que quiere lanzar el BNG", señala, "porque todo lo que hemos hecho ha sido amparado por los informes de los técnicos, ya que ni siquiera tenemos la obligación de saber lo poco que sabemos" de urbanismo.

Recurso del promotor

El gobierno local orensano tranquiliza a los ciudadanos advirtiendo que "todo lo construido está bien, y esto incluye el edificio de la Policía Local, el vial de acceso a la estación del ferrocarril y el área de la zona del Puente del Milenio". Argumenta José Luis Rodríguez Cid que todas estas dotaciones públicas "son perfectamente asimilables al planeamiento urbanístico de la ciudad anterior al plan de 2003".

Los particulares que recurrieron a la vía judicial sostienen que en cuanto dividieron la parcela y a ellos les dieron sólo las cargas, acudieron a denunciarlo al Ayuntamiento. "Fuimos un montón de veces", explica una de las herederas, "pero nos decían siempre que estuviéramos tranquilos, que no iba a pasar nada, y si no vamos a los tribunales nos quedamos sin la finca ganada con el sudor de mis abuelos y le daban los beneficios a un constructor que no para de edificar".

El promotor presentó recurso ante el Tribunal Supremo, motivo por el que los afectados temen que "seguirá edificando". BNG y PSdeG creen que el Ayuntamiento debe realizar una nueva reordenación del planeamiento para su aprobación conforme a la ley.