El 'número dos' de Vicepresidencia declarará como imputado por el altercado de los carteles

El secretario general de Relacións Institucionais, Antonio Losada, será llamado a declarar próximamente ante en el juez por el altercado que protagonizó con varios agentes de policía en la sede de la Xunta, cuando intentó modificar los rótulos oficiales de Vicepresidencia. El titular del Juzgado número 2 de Santiago le ha citado a declarar como imputado de una presunta falta o delito de desobediencia, después de estudiar los atestados de nueve policías que denunciaron a Antonio Losada por "entorpecimiento, desobediencia y vejación" a la autoridad.

El titular del Juzgado número 2 y juez decano de Santiago, Javier Míguez, ha enviado la citación para que acuda a declarar como imputado el secretario general de Relacións Institucionais, Antonio Losada, por el incidente que protagonizó con nueve agentes de policía en las instalaciones de San Caetano cuando intentó borrar las palabras "da Igualdade e do Benestar" del rótulo oficial de Vicepresidencia.

El juez ha tomado la decisión tras analizar las denuncias presentadas por nueve agentes de la Policía Autonómica en las que relataban cómo el número dos de Vicepresidencia "desobedeció, entorpeció y vejó" a los funcionarios policiales por impedir la entrada de los operarios de una empresa cristalera contratada por Vicepresidencia para acometer el cambio de los letreros. Aunque el escrito no detalla la falta o delito que pudiera haber cometido Losada, fuentes de la investigación han confirmado a este diario que el juez ha visto indicios "al menos de desobediencia a la autoridad" en el comportamiento del alto cargo de la Xunta.

El Código Penal tipifica como delito o como falta la desobediencia a la autoridad dependiendo de las circunstancias que concurran en cada caso. En su artículo 556 establece penas de prisión -de entre seis meses y un año- para quienes "se resistan a la autoridad o a sus agentes o les desobedecieran gravemente en el ejercicio de sus funciones". El 634 estipula pena de multa de 10 a 60 días para "los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o a sus agentes o los desobedeciesen levemente cuando ejerzan sus funciones".

El auto del juez no formula ninguna imputación concreta, dado que la acusación final dependerá de las diligencias abiertas en el juzgado, donde ya prestó declaración el pasado jueves por este mismo caso el secretario general de la Consellería de Presidencia, Antonio Roura. Este alto funcionario de la Xunta reconoció haber dado instrucciones durante la segunda semana de febrero para que nadie "llevase a cabo ninguna modificación de los rótulos del complejo administrativo de San Caetano sin su consentimiento". En las próximas semanas el juez llamará a declarar como testigos a los nueve agentes involucrados en el incidente y al subdirector general de Contratación de la Consellería de Presidencia, Pedro Vila, que también presenció el altercado.

Por su parte, el fiscal del caso, Jorge Fernández, ha enviado un oficio a Vicepresidencia, para que justifique el valor de reposición de los carteles, que el propio Antonio Losada dañó al intentar borrarlos personalmente subido a una silla, después de que la Consellería de Presidencia prohibiese la entrada en las dependencias oficiales de la Xunta a los empleados de la empresa cristalera.

El juez también quiere saber "con cargo a qué presupuesto" pretendía financiar el departamento de Vicepresidencia el cambio de la señalización de las instalaciones que legalmente corresponde a la Consellería de Presidencia.

Obligados a denunciar

Los hechos que se investigan tuvieron lugar los días 7, 8 y 12 de febrero. Los nueve atestados presentados por los agentes de la Policía Autonómica en el juzgado relataron cómo Losada "desobedeció reiteradamente las órdenes de una policía, entorpeció su labor y trató de vejarla" y cómo falto al respeto y amenazó a varios funcionarios del cuerpo de seguridad de la Xunta.

Aunque la Consellería de Presidencia -con la que Antonio Losada mantuvo la disputa por la denominación de la Vicepresidencia- pidió a los agentes que no presentasen denuncia, los policías y los mandos implicados argumentaron que tenían obligación de denunciar los hechos presuntamente delictivos que conocen.

Una vez trascendió el incidente, todos los sindicatos policiales y el Partido Popular han pedido la dimisión del secretario general de Relacións Institucionais, Antonio Losada.