Revuelo de togas

EL MINISTERIO DEL INTERIOR ha enviado esta semana a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado la petición de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) para registrarse como partido político. Los indicios de que la nueva formación intenta dar continuidad o sucesión en fraude de ley a la Batasuna ilegalizada por el Supremo en 2003 justifican esa solicitud de dictámenes jurídicos. La situación proyecta todos los focos sobre el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que examinará en primer lugar el expediente recibido, y sobre la Sala Especial del alto tribunal, eventual destinataria de la probable demanda contra ASB presentada por el ministerio público.

La aspiración del nacionalismo radical vasco a reintegrarse en el sistema democrático del que fue expulsado hace cuatro años por los jueces ni parece cumplir los mínimos exigibles por el ordenamiento jurídico ni encontrará un ambiente propicio fuera y dentro de la magistratura. Azuzada irresponsablemente por el PP, que acusa al Gobierno de romper la unidad de España y de rendirse ante ETA, la crispación política ha penetrado también en las instituciones togadas y está deteriorando gravemente la imagen pública de imparcialidad y de sometimiento exclusivo al imperio de la ley que los magistrados y los fiscales deben ofrecer a los ciudadanos. El alucinante empeño del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por sentar en el banquillo al lehendakari -supuesto cooperador necesario de un delito de desobediencia por haber recibido a los dirigentes de la disuelta Batasuna- contradice de manera provocadora el archivo definitivo por el Supremo de una querella temeraria de Manos Limpias contra la plana mayor del PSOE semejante por su contenido político.

La presentación de los estatutos de Abertzale Sozialisten Batasuna ante el registro de partidos concede un gran protagonismo al fiscal general y de manera eventual a la Sala Especial del Supremo

Los demonios de la crispación también han invadido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya actual mayoría -elegida en 2001 por unas Cortes General con mayoría absoluta del PP- ha operado en esta legislatura como un ariete de la oposición al Gobierno. Los populares pagan el favor a sus aliados judiciales -acaudillados por el inefable presidente Hernando- utilizando su minoría de bloqueo en las Cámaras para asegurarles una permanencia indefinida en el cargo mediante el fraudulento sistema de boicotear la renovación del órgano de gobierno de la magistratura pendiente desde noviembre de 2005. La Sala Especial del Supremo sufre las consecuencias de la descarada politización partidista del actual CGPJ. El presidente Hernando cambió chapuceramente hace dos años el orden de antigüedad de incorporación al Supremo de varios nuevos magistrados para reforzar la mayoría conservadora en la composición de la Sala Especial; el escándalo ha sido tal que el Pleno del CGPJ se ha visto obligado a rectificar la cacicada.

Cándido Conde-Pumpido es una de las víctimas predilectas de la campaña de crispación del PP causante de ese politizado revuelo de togas en el mundo judicial. El conflicto latente entre el ministerio público y la Audiencia Nacional estalló con ocasión de la vista oral celebrada en la Sección Cuarta contra Otegi por un presunto delito de exaltación del terrorismo cometido en 2001 durante las exequias fúnebres de una etarra. El tribunal negó caprichosamente el aplazamiento solicitado por la fiscalía y forzó la celebración del juicio recurriendo a procedimientos rocambolescos. Sin duda, la retirada de la acusación por la fiscalía fue una decisión cuestionable: mientras el artículo 578 del Código Penal (en su versión del año 2000) no sea modificado o suprimido por su dudoso encaje constitucional, las amplísimas puertas de ese tipo delictivo indeterminado están abiertas a demasiados comportamientos. Sin embargo, la airada reacción de la Sección Cuarta no merece atenuantes: movidos por el deseo de poner en berlina al ministerio público, los magistrados dictaron una improcedente sentencia al margen de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La fiscalía replicó con una durísima regañina al tribunal por ignorar el principio acusatorio y por faltar a la imparcialidad. Y la sentencia de la Audiencia Nacional ha servido de acicate para que la Asociación Víctimas del Terrorismo -con su lunático presidente a la cabeza- interponga ante el Supremo una querella temeraria al estilo de Manos Limpias contra el fiscal general y dos fiscales de la Audiencia Nacional.