Un informe del Parlamento Europeo presenta el urbanismo en España como el "expolio de una cultura"

El urbanismo que está padeciendo España es un atentado contra derechos fundamentales, movido por intereses bastardos de constructores sin escrúpulos conchabados con alcaldes de poca monta, enfeudados unos y otros en la codicia y la avaricia. El fenómeno alcanza su paroxismo en la costa mediterránea, y en particular la valenciana, donde la construcción supone "con demasiada frecuencia el expolio de una comunidad y una cultura". Así lo señala el informe presentado ayer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la delegación parlamentaria que visitó Andalucía, Madrid y Valencia entre los pasados 27 de febrero y 3 de marzo.

Los comisionados agotan las expresiones de dureza. Hablan de "hormigonamiento de la costa" y del "descomunal enriquecimiento de una pequeña minoría a costa de la mayoría".

"Las víctimas se cuentan por decenas de millares" al ver los vecinos de los pueblos que "de repente el tamaño y la población de sus comunidades se multiplica más allá de toda proporción como consecuencia de las ambiciones de alcaldes de medio pelo". La hostilidad valenciana a la visita de los comisionados fue extrema. Michael Cashman, uno de los redactores del informe, reveló cómo al entrar en un ascensor alguien de la delegación oficial local dijo: "¡A ver si se estrella el ascensor!". El cuadro descrito por los viajeros fue tal que el eurodiputado popular Luis Herrero pidió disculpas por lo ocurrido en Valencia.

"Se diría que los 540 municipios de la Comunidad Valenciana concentrados en la franja costera han sufrido serios problemas como consecuencia de la excesiva urbanización", dice el informe, que también da cuenta de visitas a Andalucía (Ronda, Albox y el Valle de Almanzora) y Madrid (Torrelodones y Galapagar).

Los eurodiputados apuntan que la solución al gravísimo problema del urbanismo en España pasa por las autoridades locales y regionales, pese a su manifiesta dejación de responsabilidades. El informe está redactado en inglés y será discutido, una vez traducido al español, el próximo 11 de abril en la Comisión de Peticiones.