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El juez del 'caso Alhendín' imputa a cuatro empresarios por cohecho

El magistrado rechaza la personación del PP en la causa judicial

El juez titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe (Granada), Miguel Ángel Gómez Torres, ha imputado a cuatro empresarios por un presunto delito de cohecho en el caso Alhendín, que investiga las irregularidades en la gestión urbanística de dicha localidad. Los promotores abonaron supuestamente comisiones ilegales para que prosperaran el parque industrial Marchalhendín y la urbanización Novosur.

El juez Miguel Ángel Gómez Torres ha imputado a los empresarios y hermanos Fernando y Juan Muñoz Tamara, propietarios de los terrenos del polígono industrial Marchalendín, por supuestos delitos de cohecho y alteración de concurso público. Ambos están citados para comparecer el próximo 2 de abril. Un día después lo harán el representante de la promotora Frai, Fernando Rodríguez Acosta, por un presunto delito de cohecho, así como el empresario Luis Alonso Polo, anterior socio en la sociedad Parque Empresarial de Alhendín, también acusado de cohecho.

Los cuatro empresarios imputados completan parte de la supuesta red de sobornos tejida en torno a dos proyectos de gran envergadura en Alhendín, y cuya desarticulación se inició hace tres semanas con la detención del ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, y la imputación del ex alcalde, José Guerrero (PP). Ambos dimitieron de sus cargos tras trascender las sospechas policiales sobre su gestión, así como las conversaciones telefónicas intervenidas por los investigadores.

El ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, quedó en libertad bajo fianza de 18.000 euros tras declarar acusado de cinco cargos. El ex alcalde asumió entonces las competencias urbanísticas y de Hacienda, pero poco después presentó su renuncia "para no manchar" la imagen del Partido Popular. En su comparecencia ante el juez, Guerrero defendió la legalidad de su gestión urbanística pese a los escándalos que han trascendido, y negó que su voz figurara en una de las conversaciones intervenidas, que mencionaba un débito de 400.000 euros. .

Los empresarios abonaron supuestamente comisiones ilegales para que los dos proyectos más controvertidos de la localidad, el polígono industrial Marchalendín y la urbanización Novosur, salieran adelante sin ningún tipo de traba por parte del consistorio. Al parecer, las irregularidades han sido numerosas y fuentes policiales avisaron ayer de que habrá más detenciones de promotores en las próximas semanas.

Según la denuncia del PSOE, el consistorio vendió por nueve millones de euros los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a los suelos del polígono Marchalendín, después de que los técnicos municipales tasaran estos terrenos en 24 millones. Asimismo, el consistorio vendió los terrenos de la promoción Novosur por 1,2 millones a pesar de que los técnicos municipales los valoraron en 3,5 millones de euros.

Mientras, el juez ha denegado la personación del PP de Granada como parte perjudicada en la causa. El magistrado entiende que la personación no tiene cabida debido a que ambos dirigentes son imputados, "y no perjudicados" en el procedimiento. El PP defendió la gestión de Guerrero y Fernández al comienzo de la operación policial, pero a medida que trascendían nuevas escuchas telefónicas, el PP reculó y tras apoyar la gestión del ex alcalde, finalmente decidió solicitar su personación en la causa y dar la espalda a sus cargos imputados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de marzo de 2007