El enigma del policía acaudalado
El que media docena de abogados, tanto de la acusación como de la defensa, y en perfecta armonía, se dediquen a extender sombras de sospecha sobre todo lo que tocan se ha convertido en una seña de identidad del macrojuicio por el 11-M. Las últimas sesiones han aclarado varios de los puntos que esos reyes Midas de la oscuridad quieren convertir en pozos de duda. Por ejemplo, el que sugiere que la famosa bomba desactivada en Vallecas fue colocada allí por una mano negra -que nadie dice a quién pertenece- para dirigir la investigación hacia los islamistas en lugar de hacia los etarras.
Pues bien, ya han declarado los policías que la localizaron en el tren de El Pozo y que luego la custodiaron durante su insólito recorrido por medio Madrid hasta que los artificieros la desmontaron, y lo único que ha quedado claro es que el comisario de Puente de Vallecas tuvo la tentación de endosar a otro su propio trabajo y envió los bultos a otra comisaría o al IFEMA para no tener que realizar el inventario de las bolsas y mochilas encontradas en los trenes. Pero, de manos negras, ni rastro.
El pelotón de togas de la conspiración corrió una vez más tras la sombra del aire al interrogar en la última sesión del juicio a Ayman Maussili Kalaji. Se trata de un ex policía nacional de origen sirio, propietario de Test Ayman, una tienda de telefonía móvil en Madrid en la que los indios de Bazar Top liberaron 16 teléfonos Trium que luego vendieron al locutorio Jawal Mundo Telecom, de Jamal Zougam, y que presumiblemente fueron utilizados para fabricar algunas bombas del 11-M.
De la investigación de los atentados no ha salido ni el más mínimo indicio de que Kalaji tuviera alguna relación con los autores de la matanza, pero el hecho de que en 2004 fuera policía nacional ha alimentado el vertido de suspicacias por parte de la acorazada conspirativa.
Kalaji, que ya está jubilado como policía, tuvo que explicar en la vista que tiene conocimientos de ingeniería técnica de telecomunicaciones, que recibió formación militar en el Ejército sirio, que hizo un curso de seis meses en una academia militar de Rusia y que estuvo destinado en la Unidad Central de Inteligencia Exterior (UCIE) -la encargada de investigar los atentados- hasta 1992. Es decir, sólo 14 años antes del 11-M.
Después, confesó que habla árabe "perfectamente", que mantiene amistad con algunos de sus antiguos compañeros en la UCIE, que un familiar suyo trabaja como traductor para la policía y que conoce a dos de los procesados, los hermanos Mohannad y Moutaz Almallah Dabas, de origen sirio, como él. Incluso llegó a reconocer que declaró como testigo en favor de uno de los acusados de la Operación Dátil. Finalmente, aclaró que nunca le han pedido colaboración para investigar los atentados del 11-M, que no ha tenido contactos con el CNI y que tampoco participó en el operativo de Leganés, donde acabaron suicidándose siete de los presuntos autores materiales de la matanza del 11-M. En definitiva, nada de nada.
Pero, entre la pirotecnia desplegada, uno de los letrados preguntó al testigo si había dirigido un campo de entrenamiento en Siria para terroristas. Una pregunta claramente incriminatoria, por lo que el presidente del tribunal tuvo que avisar de que el testigo tenía el derecho a no contestar. El policía jubilado no se escondió en su derecho: "No, rotundamente no", respondió.
La única pregunta que realmente constituye el enigma Kalaji no la formuló nadie: ¿Qué hace un floreciente empresario, con 18 empleados a su cargo, trabajando por el exiguo sueldo de un policía nacional? Lo demás, fuegos de artificio.
