El Gobierno asegura que la ley garantiza la "absoluta imparcialidad" del fiscal jefe del TSJ

El Gobierno considera que el régimen legal y estatutario del Ministerio Fiscal garantiza "absolutamente" la imparcialidad del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, según se desprende de una respuesta parlamentaria del ejecutivo al diputado del grupo popular Ignacio Gil Lázaro.

El diputado popular preguntó al Gobierno si la actuación del fiscal jefe del TSJ en asuntos penales que pueden afectar a cargos públicos de partidos políticos "puede estar mermada, a tenor de determinadas circunstancias personales legítimas que concurren en el mismo". Los dirigentes populares valencianos han cuestionado la imparcialidad de las decisiones del Cabedo prácticamente desde que llegó al cargo, en marzo de 2005. El PP, con el consejero de Justicia, Miguel Peralta, a la cabeza, tildó el nombramiento de "parcial" y esgrimieron motivaciones políticas

[Cabedo está casado con la diputada nacional socialista Juana Serna]. Las objeciones de los populares fueron rechazadas por los fiscales de Alicante, que calificaron los ataques de "torticeros y maliciosos". Mas adelante, la formación conservadora llegó incluso a anunciar la creación de una comisión de expertos para "analizar" si las actuaciones del fiscal jefe del TSJ "respetan los principios constitucionales y legales del Estatuto del ministerio público". Los populares sostienen que Cabedo aplica un doble rasero según la condición de los imputados, del PP o del PSPV.

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes resalta en su respuesta que "el régimen legal y estatutario del Ministerio Fiscal garantiza absolutamente su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, con independencia de las causas de abstención o recusación que, en su caso, sean aplicables en los procesos y procedimientos en los que intervenga el fiscal".

En consecuencia, para el Gobierno, "junto al principio de la unidad de actuación, el valor de la imparcialidad que la Constitución invoca al describir al Ministerio Fiscal, debe ser entendido, a la vez, como un atributo esencial de la institución y como una exigencia constante en el cumplimiento de sus funciones".

Para el ejecutivo, "esa proclamación de imparcialidad del fiscal es una de las más sólidas garantías que el estado de Derecho pone al servicio del ciudadano, ya que si la unidad de actuación persigue la aplicación uniforme de la ley, el principio de imparcialidad asegura que esa aplicación, lejos de cualquier interés particular o partidario, tenga por finalidad única y exclusivamente, el interés público y el ideal de justicia". Por este principio, agrega en su respuesta el Gobierno, "el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados".