PP y oposición se enfrentan en Vitoria por un informe de las irregularidades urbanísticas
La fuerte nevada que colapsó ayer Vitoria no ha enfriado la precampaña electoral, que mantiene su tensión estos días por vías ajenas a los propios partidos. Por un lado, la secretaría general del pleno, el máximo órgano jurídico municipal, considera no ajustadas a derecho las urbanizaciones de Ali e Ibaiondo, que ha investigado una comisión del consistorio, y da la razón a la oposición. Por otro, el Tribunal Superior ha dictado una sentencia sobre el mobiliario urbano de la ciudad que anula un acuerdo votado por la oposición en 2002 que forzó al equipo de gobierno a paralizar la adjudicación del mobiliario urbano a una empresa y a convocar otro concurso.
El teniente de alcalde, el popular Javier Maroto, consideró ayer que el informe de la secretaría general tan sólo refleja las opiniones de la oposición, y advirtió al PSE y al PNV de que si tienen pruebas sobre ilegalidades en las dos promociones, su "deber" es llevarlas a los tribunales. Maroto considera que el informe se limita a recoger la opinión de la mayoría del pleno, donde la oposición (PNV, PSE, EB y EA) suma mayoría.
Maroto lamentó que después de tres meses de polémica, los portavoces de la oposición no hayan adoptado ninguna medida al respecto. "Se rasgaban las vestiduras", con las presuntas irregularidades en los chalés de Ibaiondo, cuyo precio se incrementó respecto al proyecto original, y Ali, donde se construyeron siete casas en lugar de las seis previstas. "Y mucho nos tenemos que este asunto va a tener vida hasta el 28 de mayo [un día después de las elecciones municipales], y luego nadie se va a acordar", añadió.
Conclusiones de la comisión
La oposición replicó que el asunto terminará en los tribunales cuando llegue el momento y si así se deduce de las conclusiones de la comisión de investigación que analiza ambos casos, que se harán públicas el 30 de marzo. Así lo anunciaron tanto Mikel Martínez, del PNV, como el socialista Patxi Lazcoz y José Navas, de EB. Antxon Belakortu, de EA, fue más explícito y recordó que los vecinos de Ibaiondo ya lo han hecho. "Nosotros seguiremos sus pasos, sin duda", dijo.
Maroto también opinó sobre la sentencia del Superior que ha reconocido a la empresa El Mobiliario Urbano (Elmusa) como adjudicataria de un concurso en la ciudad. Este concurso fue rechazado por el pleno del Ayuntamiento con los votos de la oposición por considerar abusivas algunas condiciones que imponía Elmusa. El servicio fue finalmente otorgado a la firma Cemusa, filial de FCC.
Maroto reconoció que el Ayuntamiento "hará todo lo que esté en su mano para aminorar el impacto de la sentencia del juez", pero recordó que el consistorio se enfrenta al pago de dos indemnizaciones: a Elmusa y a la empresa que finalmente colocó las marquesinas si finalmente se le obliga a retirarlas.
