Condenado a cuatro años de cárcel un juez de Málaga que cobró por liberar a presos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a cuatro años de prisión y a 24 años de inhabilitación por dos delitos de cohecho y tres delitos de prevaricación al juez de instrucción Antonio Vicente Fernández. El magistrado, que ya estaba suspendido de funciones, liberó en agosto de 2004 a dos presos imputados en un caso de tráfico de drogas, por lo que cobró no menos de 9.000 euros. Estas dos personas también han sido condenadas, así como un abogado que hizo de intermediario y que actuó porque conocía las necesidades económicas del juez.

La sentencia señala que en la fecha en la que se produjeron los hechos el juez, que era titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, "atravesaba una difícil situación económica, teniendo varias deudas pendientes de saldar, todo ello producto de la vida desordenada que llevaba, inclinada al juego, al consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes, actitud y comportamiento que en nada mermaba sus facultades intelectivas ni volitivas".

En agosto de 2004, Antonio Vicente Fernández realizó una sustitución por vacaciones del titular del Juzgado número 10 de Málaga, que instruía una causa por tráfico de drogas, por la que había decretado el ingreso en prisión del matrimonio formado por Antonia Ruiz Moreno y Manuel Mourente García. A los tres días, el juez decretó la libertad bajo fianza de la mujer, y cuatro después hizo lo mismo con el hombre. Además, ordenó que se reintegrara al matrimonio 141.545 euros que la policía le incautó en el momento de la detención junto a cinco kilos de cocaína.

Decisión sin informe

El juez tomó la decisión sin consultar la causa que instruía otro magistrado y sin pedir el preceptivo informe al Ministerio Fiscal, lo que según el tribunal que le ha condenado es expresivo de que "los autos fueron dictados en atención a consideraciones absolutamente ajenas a las exigencias de la Administración de Justicia, y en orden al logro de resultados espurios, a falta de otra explicación verosímil".

Por aquella decisión, el juez percibió de los presos liberados una cantidad "no inferior a 9.000 euros".

En aquel acto fue inductor e intermediario el abogado Francisco del Pino Almendro. Meses antes, este letrado ya había mediado para propiciar que el juez condenado devolviera a un jugador 75.000 euros que ganó en un casino de Fuengirola y que estaban depositados en una notaría por orden de un juzgado que detectó irregularidades en la partida.

La sala ha estimado que ambos casos suponen sendos delitos de cohecho, por cada uno de los cuales ha condenado a dos años de prisión al juez y al abogado, y 14 años de inhabilitación en total al magistrado. Dos años de prisión ha impuesto también el TSJA al matrimonio liberado y al jugador al que benefició.

Préstamos de un prostíbulo

Además, la sala ha condenado al juez a 10 años de inhabilitación y 2.160 euros de multa por tres delitos de prevaricación. Dos de ellos por los casos ya mencionados, y un tercero por distintas gestiones que hizo para intentar liberar a un preso por un delito de narcotráfico que era hijo de una conocida del juez que había regentado un tablao flamenco que frecuentaba.

En la sentencia se recoge un informe policial que constata que en los dos años previos a los hechos, el juez había obtenido sendos créditos de entidades bancarias por 50.000 euros que no reintegró. También aparecen referencias a préstamos de unos 3.000 euros en total realizados por los propietarios de dos bares de alterne de la provincia de Málaga.