El Gobierno vaticina un "rebrote de la violencia" por el veto a listas de Batasuna

En el primer aniversario del anuncio por parte de ETA del alto el fuego permanente y a dos meses y medio de su atentado en Barajas, el Gobierno es consciente del "momento delicado" que se le plantea ante la proximidad de las elecciones municipales y forales. Ya ha adelantado que mantendrá una posición de "firmeza" en la aplicación de la Ley de Partidos ante el anuncio de presentación de candidaturas de la izquierda abertzale. Y como consecuencia se prepara para un posible rebrote de la violencia de ETA si se anulasen las candidaturas independentistas por no ajustarse a la legalidad.

La firme actitud del PNV y PSE, que exigen a Batasuna un rechazo previo de la violencia, ha impedido el acuerdo político sobre su propuesta de "autonomía para Navarra y País Vasco" que demandaba para pasar por el Registro del Ministerio del Interior y cumplir la Ley de Partidos. En esas condiciones, tanto en los medios nacionalistas como socialistas, se da por hecho que Batasuna, que ha anunciado su voluntad de participación electoral para el 27 de mayo, no cumplirá la Ley de Partidos y tratará de salvar el escollo de la legalidad con fórmulas alternativas, preferentemente agrupaciones de electores.

La posición del Gobierno ante este reto es "firme". Considera que "la situación es distinta antes del atentado de ETA del 30 de diciembre en Barajas a la de ahora". "Antes del 30 de diciembre, ETA llevaba casi cuatro años sin matar, lo que hubiera permitido una tolerancia con Batasuna. Pero, después de que ETA matara a dos personas, sin que Batasuna condenara el atentado, obliga al Gobierno a elevar el listón de la exigencia. Barajas tiene un coste", señalan fuentes jurídicas y gubernamentales.

Las mismas fuentes precisan que antes del 30 de diciembre, y con ETA sin matar durante cuatro años, "hubiera bastado con que Batasuna expresara su apuesta por las vías políticas y democráticas para ser legal". "Ahora, tras el atentado de ETA en Barajas, Batasuna tiene que rechazar de forma inequívoca la violencia para ser legal".

El Gobierno, la Fiscalía General del Estado y los servicios jurídicos del Estado han reforzado sus instrumentos de control para "evitar que Batasuna se cuele" a través de las agrupaciones de electores, fórmula prevista inicialmente por la izquierda abertzale, u otras que pueda improvisar a última hora. "Si Arnaldo Otegi se presenta a las elecciones con una nueva marca, la rechazaríamos", señalan tajantemente fuentes gubernamentales.

Ante esta eventualidad, el Gobierno es consciente de que "se abre una etapa delicada y de gran incertidumbre" ante la desconocida reacción de ETA. Una incertidumbre que, según el Ejecutivo, desmiente la tesis manejada en ámbitos del PP de que la decisión del Gobierno de otorgar la prisión atenuada al preso etarra Iñaki De Juana estaba pactada con ETA y Batasuna, a cambio de que este partido se presentara a las elecciones, cumpliendo la legalidad.

"La decisión sobre De Juana para evitar que muriese en la cárcel por una huelga de hambre se tomó con la ley en la mano y para evitar males mayores en el País Vasco, como su utilización como bandera para una nueva generación de jóvenes radicales vascos", señalan fuentes gubernamentales, que vinculan la paralización, desde hace semanas, de la kale borroka, con la decisión de acercar al preso etarra a Euskadi.

Pero esta decisión del Gobierno acerca de De Juana no aclara el horizonte sobre la actitud que adoptará ETA en las próximas semanas. El Ejecutivo ignora qué hará ETA e, incluso, es escéptico sobre la posibilidad de que haya un comunicado de la banda terrorista en los próximos días, con motivo del primer aniversario de la declaración del alto el fuego permanente, la proximidad del Aberri Eguna y de la convocatoria de las elecciones municipales.

El último comunicado de ETA lo emitió el 10 de enero, 10 días después de que hiciera explotar una bomba de gran potencia en la Terminal 4 de Barajas, asesinara a dos trabajadores ecuatorianos y terminara con el proceso de fin dialogado del terrorismo. El comunicado, muy equívoco, señalaba que mantenía el alto el fuego permanente, tras afirmar que no pretendía asesinar, pero se reservaba la posibilidad de responder a las "agresiones" del Estado.

El Gobierno cree que ETA está unida, que no hay escisión en su seno. "Lo que hay es unos que quieren negociar con bombas y otros que quieren hacerlo sin bombas. El 30 de diciembre se impusieron los primeros sobre los segundos para presionar sobre el proceso, pero lo que consiguieron fue romperlo", señalan fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo ya ha definido su estrategia y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, la hizo pública en Vitoria (Álava) el pasado 18 de febrero. El presidente reclamó a Batasuna que cumpla la Ley de Partidos para participar en las elecciones y a ETA el cese definitivo del terrorismo para reabrir un proceso de diálogo. "El Ejecutivo tiene una propuesta, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos parlamentarios, y con ella ha pasado la pelota a Batasuna y ETA. Son ellos los que tienen que responder", señalan fuentes gubernamentales.