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Arnaldo Otegi / EFE / POOL
La Fiscalía de la Audiencia Nacional retiró ayer su acusación contra Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo en un acto de homenaje a la etarra Olaia Castresana, fallecida mientras preparaba una bomba en julio de 2001. En ese acto, Otegi pidió "un fuerte aplauso para los gudaris" que lucharon por la autodeterminación.
En el primer aniversario del anuncio por parte de ETA del alto el fuego permanente y a dos meses y medio de su atentado en Barajas, el Gobierno es consciente del "momento delicado" que se le plantea ante la proximidad de las elecciones municipales y forales.
Siete magistrados del Tribunal Supremo, todos ellos integrantes de la Sala Especial del artículo 61 encargada de aplicar la Ley de Partidos y juzgar las listas de Batasuna, han pedido al presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo, Francisco Hernando, la convocatoria urgente de la sala al haber tenido noticias de supuestas irregularidades en la composición de ese órgano.
Una vez más, en una sesión de control parlamentaria, el PP exigió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que desvele si Batasuna se va a presentar a las elecciones municipales.
Después de unas primeras jornadas dubitativas en las que el PP he rehusado cualquier pregunta sobre la guerra de Irak porque cree que sólo beneficia al Gobierno, ayer pasó al contraataque.
Una madrugada de hace ya década y media, un policía destinado en el País Vasco abandonó su casa sin despedirse de nadie para no regresar jamás. A la mañana siguiente, un agente del GEO se despertó en su cama. Los servicios de información habían tenido conocimiento de que ETA estaba preparando un atentado contra el agente y decidieron urdir una operación de alto riesgo para capturar a los terroristas.
"Corría exactamente mucho", aseguró el policía 74.693.
La juez Gemma Gallego, instructora del caso del ácido bórico, ha decidido sentar en el banquillo a los cinco máximos jefes de la Policía Científica para que respondan de delitos de falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a cuatro años de prisión y a 24 años de inhabilitación por dos delitos de cohecho y tres delitos de prevaricación al juez de instrucción Antonio Vicente Fernández. El magistrado, que ya estaba suspendido de funciones, liberó en agosto de 2004 a dos presos imputados en un caso de tráfico de drogas, por lo que cobró no menos de 9.000 euros.
La Guardia Civil se incauta en Sevilla y Granada de 36 kilos de cocaína oculta en alfajores argentinos
La Unidad Militar de Emergencias (UME), la fuerza de élite creada por el Ministerio de Defensa para hacer frente a catástrofes, actuará "bajo la dependencia del ministro del Interior" en los supuestos de emergencias declaradas de interés nacional, mientras que en los restantes casos dependerá de los responsables de protección civil de las comunidades autónomas.
Vitoria se quedó prácticamente incomunicada ayer durante más de 16 horas al cortarse el tráfico en las principales vías de comunicación: la N1, que une Navarra y Francia con Burgos, la A-68, autopista que enlaza con Bilbao, y las pistas del aeropuerto.
La mayoría de los españoles considera que los inmigrantes realizan una gran contribución al desarrollo económico y que deben tener derecho a votar en las elecciones municipales. Sin embargo, también piensan que el número de extranjeros es excesivo y, más llamativo aún, sólo la mitad están dispuestos a alquilarles un piso.
Agentes de la Policía Judicial se personaron ayer en el Ayuntamiento de Arona (Tenerife) con una orden judicial y solicitaron información sobre 200 licencias urbanísticas y más de 80 contratos adjudicados directamente por si hubiera indicios de un delito de prevaricación continuada y masiva al menos en los últimos dos años. El juzgado investiga una denuncia según la cual el Consistorio, gobernado por Coalición Canaria, adjudicaba obras y licencias a un grupo de empresas en contra de los servicios jurídicos municipales.
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