Las remesas de la inmigración

Cuando un inmigrante envía dinero a su país no se pregunta cuánto le cuesta el servicio, sino cuánto dinero llegará a su familia. Porque sabe que en el precio de la transferencia puede variar entre el 7% y el 20% del dinero que deposita en España. Esto es así porque, aunque se han abaratado los costes directos por exigencia de organismos internacionales y de los Gobiernos de ambas orillas, no es menos cierto que la aplicación de las tasas de cambio aun permite a las "remesadoras" mantener un margen comercial muy amplio, tal vez excesivo, como denuncia la Comisión Europea y el propio Banco Mundial en alguna ocasión.

Esto quiere decir que en el año 2006, en España -desde donde se remitieron 6.250 millones de euros en remesas-, el beneficio de estas entidades supone un mínimo de 437 a 1.250 millones de euros; parece lógico exigir que estos intermediarios, puesto que trabajan en un sector tan sensible para el blanqueo de capitales, colaboren con la Administración para controlar este flujo de dinero: identificando siempre a quien lo envía, conociendo cuál es la actividad económica que justifica su origen legal cuando las cantidades remesadas son significativas (3.000 euros/trimestre) e informando a la Administración de operaciones sospechosas de blanqueo, en este caso para no contraer responsabilidades administrativas e incluso penales.

La orden ministerial vigente desde el 12 de febrero de este año era absolutamente necesaria para garantizar los derechos de todas las partes, sin que tengan que aumentar, todavía más, los costes del envío para los usuarios.