Justicia escoge Vitoria para poner en marcha la renovación de la oficina judicial

El Palacio de Justicia de Vitoria será el primero al que llegue en 2008 la "revolución" organizativa de la nueva oficina judicial que impulsa el Gobierno y cuyo objetivo final es desarrollar el expediente electrónico. Los jueces, secretarios y funcionarios de Vitoria experimentarán la reforma antes de su extensión al resto de partidos judiciales. El secretario adquiere un papel central, al dirigir los nuevos servicios comunes de tramitación para que el juez se centre en las resoluciones. Por vez primera, se introduce el concepto de "gestión" de la Justicia en beneficio del ciudadano.

Las estanterías llenas de legajos y de tomos foliados correspondientes a interminables sumarios empiezan a tener los días contados en Euskadi. La Administración judicial sin papel, es decir el expediente electrónico y la rapidez de su manejo, van a revolucionar el aspecto de los juzgados, la organización de sus funcionarios, y sobre todo, la relación de los ciudadanos con la Justicia.

El Departamento de Justicia, que está trabajando intensamente en esta materia con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior y con los secretarios judiciales, quiere tener finalizada la expansión de la nueva oficina en 2009. Su desarrollo comenzará en unos nueve meses en Vitoria y su extensión va a ir paralela a la implantación del cuarto Plan Informático, que sólo este año cuenta con un presupuesto de 73 millones de euros, y a la extensión de los planes de euskaldunización. La consejería está en contacto también con los sindicatos. El acuerdo que puso fin en enero a la huelga de dos meses en la Administración de Justicia recoge varios aspectos relativos a estos planes de modernización.

El inicio del proceso depende de la aprobación en el Congreso de la reforma de las leyes procesales y de la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo por el Ministerio de Justicia. Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene que emitir un informe positivo sobre el nuevo modelo. A pesar de todo, la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, considera que el calendario se va a cumplir. El proceso empezará en Vitoria en enero de 2008 y concluirá en Bilbao en 2009.

Si ahora el juez organiza su juzgado como quiere y controla todo el proceso, es decir desde las tramitaciones previas al juicio hasta el control de la ejecución de la sentencia, la nueva organización convierte al secretario en "director del proceso" judicial.

El Gobierno vasco ha establecido que los juzgados de Instrucción y los de pequeñas localiddes, que agrupan Primera Instancia e Instrucción, dispondrán de un juez, cuatro funcionarios y un secretario, en lo que se denomina como Unidades de Apoyo Directo (UAD).

Para el resto, es decir los de Familia, Penal, Primera Instancia, Social y Contencioso, entre otros, esas UAD estarán compuestas por un juez, con dos funcionarios y un secretario para cada dos juzgados.

En la nueva oficina judicial serán los secretarios quienes dirijan todo lo relacionado con los procedimientos y tramitaciones en dos grandes servicios comunes para liberar al juez de esa carga. En la actualidad, esos servicios dependen del juez decano. "De esa manera los jueces va a centrarse en la función jurisdiccional, es decir en impartir justicia, en dictar sentencias liberándole del resto de funciones", dice De Miguel.

Tres servicios comunes

El primero de esos servicios comunes será la encomienda de todos los tramites previos al pronunciamiento de la sentencia. El segundo dirigirá los procedimientos posteriores al fallo, como la resolución de ejecuciones y embargos.

El tercero será puramente administrativo y estará formado por personal del Ejecutivo. Estos tres servicios comunes y las UAD estarán coordinadas por un "secretario coordinador provincial". De esta forma, el juez tendrá absoluta competencia en la parte resolutiva, pero el resto del proceso, es decir los tramites, pasan a manos de los secretarios.

Conscientes del nuevo papel que asumen, no solo en el País Vasco, sino también en el resto de España -la modernización de la oficina judicial se regula en la Ley del Poder Judicial de 2003-, los secretarios de las salas de Gobierno de todos los tribunales superiores, la Audiencia Nacional y el Supremo celebraron una reunión el pasado 26 de febrero en la que asumieron su papel como "directores de todo el proceso judicial" y se comprometieron con "una gestión de calidad".

En Euskadi, el 80% de los más de 2.000 funcionarios estarán adscritos a esos servicios comunes, que van a funcionar con nuevos criterios de trabajo en equipo. "Se trata de una nueva organización pensada en el ciudadano, intentando ofrecer un buen servicio en ambas lenguas, evitando las esperas y ofreciendo un servicio gestionado desde dentro con flexibilidad, trabajo en equipo y con funcionamientos homologables", concluye De Miguel.