El PP sigue rechazando la ley de financiación que ofrece el PSOE

El PP esperará a estudiar a fondo el borrador de reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos que ha elaborado el PSOE, pero advierte ya de cuáles son los principales escollos: las operaciones de condonación de deuda y la posibilidad de que formaciones vinculadas a Batasuna perciban subvenciones públicas. A juicio de los populares, esas dos cuestiones no quedan claras en la propuesta socialista.

En la reforma legislativa que se tramita en el Congreso, el PP tiene presentadas enmiendas para prohibir que se entreguen subvenciones públicas, estatales o autonómicas, a formaciones que incurran en conductas sancionadas en la Ley de Partidos o que tengan en sus órganos directivos a condenados por terrorismo, así como para rechazar operaciones de condonaciones de deuda por encima de los 90.000 euros anuales.

La última propuesta que el PSOE ha hecho llegar a los distintos grupos no recoge suficientemente estos dos asuntos, según fuentes de la dirección del Grupo Popular.

Los populares subrayan, en primer lugar, que en el proyecto se mantiene la autorización a los partidos para poder renegociar su deuda con los bancos, y el único límite que se establece es el de "los usos y costumbres del tráfico mercantil", pero sin cuantía máxima alguna. Estas operaciones de renegociación de créditos y condonación de intereses han enfrentado tradicionalmente a los dos partidos mayoritarios. El PSOE, sobre todo a raíz del referéndum de la OTAN de 1986, acumuló mucha deuda con los bancos, que ha tenido que ir renegociando paulatinamente, según el PP.

La última polémica se suscitó al hacerse pública la condonación parcial de un crédito que La Caixa había concedido al PSC, cuyo primer secretario, José Montilla, era entonces el ministro de Industria que lidiaba con la OPA que Gas Natural, participada por La Caixa, había lanzado sobre Endesa.

Insuficiente

En cuanto a los recursos públicos que puedan llegar al mundo de Batasuna, los populares denuncian que el PSOE sólo ha accedido a incluir un nuevo apartado en su artículo 3 que permite la suspensión de la entrega de las subvenciones públicas, pero siempre por decisión de la autoridad judicial (a propuesta del Ministerio del Interior) en aquellos casos en los que ya se ha "iniciado el procedimiento de ilegalización" del partido aludido. Eso es insuficiente para el PP.

Donde más incide la última oferta del PSOE es en la regulación de las fundaciones ligadas a los partidos políticos. Renunciando a su anterior borrador y a lo que en su día propuso ERC para la reforma de la ley, los socialistas ofrecen ahora -atendiendo a las peticiones del PP- relajar los requisitos de control de estas entidades y permitir que reciban más dinero y de más donantes.

Así, el límite de las aportaciones a las fundaciones sería de 120.000 euros anuales, 30.000 euros por encima del tope para las donaciones a partidos políticos. Y se permite que las empresas que contratan con la Administración puedan dar dinero a una fundación política, cosa que no pueden hacer con un partido.