El fiscal de Castellón destaca la proliferación de denuncias urbanísticas

El fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Arias, destacó ayer la proliferación de denuncias respecto a presuntos delitos urbanísticos en la provincia. Arias trató de restarle importancia a este tipo de acciones y señaló que "muchos" de estos casos se limitan a cuestiones que "son puramente administrativos y no penales". El fiscal jefe se refirió también a las denuncias presentadas por un "presunto fraude electoral" ante la posible manipulación de censos, en municipios como Cabanes, pero mantuvo que "estos casos pasan siempre en periodo electorales, donde se suelen producir una serie de anomalías que cabrean al partido contrario y les lleva a presentar denuncias, unas veces ante la Junta Electoral Provincial y otras veces ante la Fiscalía".

"Procede investigarlos, al igual que cualquier otra figura delictiva, y si vemos que hay delito, pues lo perseguimos, y si no, la Junta Electoral puede anular esas incorporaciones de ciudadanos a pueblos de manera anómala", añadió.

Javier Arias presentó ayer la memoria de la Fiscalía correspondiente al pasado año que refleja que la provincia de Castellón registró durante 2006 un total de 14.857 delitos, lo que supone un descenso del 3,49% respecto a 2005, mientras que las faltas disminuyeron un poco más del 4%. Del conjunto de delitos, el 73,6% fueron contra el patrimonio, mientras que los delitos por lesiones se redujeron en un 15,3%.

En cuanto a la situación penitenciaria de la provincia, el fiscal, al igual que otros años, habló de la "sobresaturación" de la prisión de Castellón que, con una capacidad de 450 internos, el 31 de diciembre de 2006 albergaba 741, "lo que no es nada aconsejable". Así, señaló que, aunque el ritmo de construcción del centro penitenciario de Albocàsser "está muy acelerado", éste tendrá capacidad para 1.500 reclusos, "por lo que se llenará con la saturación de Castellón, Picassent y Foncalent, es decir, sólo paliará la situación de la Comunidad Valenciana".