Rufina Amaya, campesina salvadoreña

En 1981, Rufina Amaya y su familia, integrada por su esposo y cuatro hijos menores de edad, residían en el entonces desconocido caserío El Mozote, incrustado en la zona montañosa de Morazán, al oriente de esta pequeña nación centroamericana. Entre los días 11 y 13 de diciembre de 1981 tropas élites del ejército realizaron en el caserío y sus alrededores una operación contrainsurgente denominada Yunque y Martillo; la misión fue dirigida por el ya fallecido teniente coronel Domingo Monterrosa, quien comandaba el Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl y que tenía la orden de arrasar "con todo lo que se moviera".

Los testimonios de Amaya, de entonces y después, produjeron espanto. Narró cómo en pocas horas los soldados torturaron a la población civil, asesinaron primero a los hombres; luego a las mujeres y los ancianos, y, finalmente, a los menores de edad. Quemaron sembrados, todos los ranchos y la iglesia. El colmo del símbolo cruel fue que los menores fueron encerrados vivos en una casa rústica llamada El Convento, detrás del templo católico, donde fueron rociados de balazos y finalmente sus cuerpos incinerados.

Ahí murieron los cuatro hijos de Rufina Amaya. Su esposo fue apresado con el resto de hombres, a quienes también fusilaron los soldados, acusándolos de "comunistas y guerrilleros".

Ella logró salvarse. "A las cinco de la tarde me sacaron a mí junto a un grupo de 22 mujeres. Yo me quedé la última de la fila. Aún le daba el pecho a mi niña. Me la quitaron de los brazos. Cuando llegamos a la casa de Israel Márquez, pude ver la montaña de muertos... Yo me arrodillé acordándome de mis cuatro niños. En ese momento di media vuelta, me tiré y me metí detrás de un palito de manzana [un arbusto]. Con el dedo agachaba la rama para que no se me miraran los pies", narró Rufina Amaya en declaraciones recogidas en el libro Luciérnagas de El Mozote (1996).

El testimonio de Rufina Amaya fue clave para la investigación realizada por la Comisión de la Verdad, auspiciada por las Naciones Unidas en 1993, institución que culpó a los militares del genocidio sufrido por la población civil.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza actualmente una demanda contra el Estado salvadoreño a favor de las víctimas representadas por tutela legal del arzobispado, institución que durante la posguerra ha logrado individualizar, hasta el momento con nombres y apellidos, la cantidad de 809 osamentas, entre ellas 400 menores de edad.

Rufina nunca abandonó los alrededores de Morazán; estuvo en los refugios ubicados en la frontera entre Honduras y El Salvador; cocinó para la guerrilla y después del fin de la guerra (1992), fue una fundadora de la Ciudadela Segundo Montes, donde sus restos mortales descansarán finalmente.