El Congreso aborta el 'blindaje' de las normas fiscales forales en el Constitucional

El llamado blindaje de las normas forales de carácter fiscal, para sacarlas de la jurisdicción contencioso-administrativa y llevarlas a la constitucional, no será posible a corto plazo. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), donde debía incluirse, se cerrará el día 15 en el Congreso sin acuerdo entre las fuerzas políticas. El Gobierno exigía el consenso de todos los partidos, pero el desencuentro total entre el PP y el PSOE para abordar los cambios legales lo hacen imposible. El PNV acusó ayer al Ejecutivo socialista de incumplir sus acuerdos

La aspiración de todas las fuerzas políticas vascas de sacar las normas forales fiscales que aprueban las Juntas Generales de los tres territorios forales de la jurisdicción contencioso-administrativa, para evitar los recursos ordinarios presentados desde las comunidades limítrofes, se vio frustrada el lunes. La bronca política impidió el acuerdo necesario entre PP y PSOE para llevar adelante la reforma. A instancia del PNV, los partidos habían aprovechado la reforma de la LOTC para intentar blindar las normas de contenido fiscal, especialmente la del Impuesto de Sociedades, aspecto sobre el que había acuerdo entre las instituciones y fuerzas políticas vascas.

La idea era introducir en la norma un artículo que habilitara al Tribunal Constitucional para ocuparse de las normas forales fiscales. Éstas regulan una materia (los impuestos) reservada a ley, pero al no tener este rango formal, por ser aprobadas por las Juntas Generales (que no son formalmente parlamentos) pueden ser recurridas a los tribunales ordinarios como si fueran un reglamento. La reforma precisaba también un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para sacarlas expresamente de la jurisdicción ordinaria.

Esta solución fue acordada por el PNV y el Gobierno socialista en la negociación de los Presupuestos de este año, pero el Ejecutivo exigía un consenso básico de todas las fuerzas para llevar a termino estas modificaciones. Al final, el acuerdo entre PP y PSOE ha sido imposible, al cruzarse en la reforma la pugna por el control de los miembros del propio Tribunal Constitucional, que debe decidir sobre cuestiones tan espinosas como la constitucionalidad o no del nuevo Estatuto catalán.

El diputado socialista Ramón Jáuregui, presidente de la Comisión Constitucional, aseguró ayer que, sin el apoyo de todas los grupos, dicha modificación corría el riesgo de ser recurrida ante el propio Constitucional, invocando el artículo 161 de la Constitución, que reserva a las leyes el control por parte del TC. Agregó que el Gobierno había tomado "una decisión política", para evitar un elemento más de enfrentamiento con el PP, del que dijo que no quería la reforma, pese a la postura favorable de la Diputación de Álava, regida por este partido.

Ruptura del acuerdo

Aitor Estaban, diputado del PNV, se mostró muy contrariado con la posición socialista y aseguró que no se creen este último argumento. Subrayó que ha habido por parte del PSOE de una ruptura del acuerdo que estaba cerrado ya en la ponencia y que la decisión, probablemente, se ha tomado en altas instancias del Gobierno. La portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, declaró que, tras lo sucedido, el PSOE y PP han demostrado que "no creen realmente en el Concierto Económico". A su vez, la patronal Confebask expresó su "sorpresa" por lo sucedido.

Tanto los socialistas como los populares han tenido que afrontar la presión de sus propios partidos en las comunidades autónomas limítrofes, que eran contrarias a esta reforma. De hecho, el presidente de La Rioja, el popular Pedro Sanz, envió una carta al presidente Rodríguez Zapatero, el pasado diciembre, en la que le anunciaba que recurriría la reforma ante el Constitucional si se llevaba adelante. El jefe del Gobierno riojano, que ha impugnado reiteradamente el Impuesto de Sociedades vasco, aseguró que su postura no era contraria al Concierto, sino al "mal uso" del mismo.

Jáuregui precisó que la reforma de la LOTC está prácticamente cerrada en la tramitación en el Congreso y que, por tanto, no habrá blindaje, apreciación en el que coincidió con Esteban. No existe posibilidad de lograr un milagro en el pleno y la única alternativa que queda es alcanzar un acuerdo cuando se tramite la ley en el Senado. Sin embargo, los dos políticos vieron muy difícil un cambio. Jáuregui destacó que sería necesario un cambio de postura en el Gobierno y, al mismo tiempo, que el PP estuviera dispuesto a negociar la LOPJ, algo que el lunes descartó.