El juicio del 11-M

El juicio sobre el 11-M encara en las próximas semanas, una vez finalizado el interrogatorio de los 29 procesados en la causa, la fase de la amplísima prueba testifical y pericial acumulada por la instrucción del juez Del Olmo, sin duda la más determinante para conformar los criterios sobre los que el tribunal fundamentará su veredicto. La declaración de los procesados no se ha salido de los cánones habituales, por más que no sea habitual su número, su heterogeneidad (terroristas y mercaderes de droga y explosivos en un maridaje infame) y la enormidad del delito de que se les acusa.

El silencio, la amnesia selectiva, la negativa a contestar al ministerio fiscal y la predisposición a hacerlo con la defensa, la autoexculpación y la tendencia a inculpar a otros, sobre todo si están muertos, constituyen ingredientes de una estrategia defensiva al uso en los tribunales, en especial si los interrogados integran bandas organizadas, mafiosas o terroristas. Se ha visto, en todo caso, el carácter artificioso y endeble de esa estrategia cada vez que el interrogado ha debido hacer frente a hechos de difícil explicación o frente a los que no ha podido oponer una coartada creíble. En mayor o menor medida, esa estrategia defensiva ha mostrado sus fallos tanto en la declaración de los presuntos autores intelectuales y materiales del atentado como en la de los meros integrantes de la célula yihadista en que se incubó, y, especialmente, en la de los componentes de la trama asturiana que proporcionó la dinamita con la que se consumó la tragedia que se llevó por delante la vida de 191 ciudadanos y dejó heridos de diversa consideración a 1.824.

Existe un aspecto no estrictamente nuevo, pero que se ha manifestado de manera muy acusada en el juicio: lo bien que está siendo llevado por el presidente del tribunal, Gómez Bermúdez, así como los amplios márgenes para la contradicción y el ejercicio del derecho de defensa que mantiene. Y es justo señalarlo cuando desde algunos sectores, bien que inducidos en buena medida por determinados mensajes mediáticos y políticos, se ha puesto en entredicho la capacidad de la justicia para hacer frente con independencia y profesionalidad al reto de descubrir y juzgar a los autores del mayor atentado terrorista habido en España.

Lo realmente nuevo, y con ribetes de escándalo, es la conjunción de intereses que aparece en el juicio sobre el 11-M entre acusaciones que ejercen la acción popular en nombre de las víctimas del atentado e incluso de ETA y las defensas de los presuntos terroristas que se sientan en el banquillo. Nunca en un juicio sobre terrorismo se había producido un encuentro tan extraño entre partes procesalmente enfrentadas, habiendo sido tan numerosos los de ese género registrados en España por culpa de ETA, y en los que la acusación, y más si era popular en nombre de las víctimas, siempre ha sobrepasado en rigor al ministerio fiscal, al que en ocasiones ha marcado con dureza y últimamente hasta con virulencia.

También es nuevo, y no menos escandaloso, la comprensión y buena predisposición que desde determinados sectores mediáticos y políticos se tiene con los sentados en el banquillo de los acusados, a los que se presenta poco menos que como unos pobres diablos y personajes insignificantes a los que les viene grande el atentado del 11-M. ¿Serían tan complacientes si los acusados fueran terroristas de ETA? Esa actitud constituye una grave desconsideración a las víctimas de la masacre. Y, moralmente al menos, no tiene explicación que la benignidad y deferencia mostradas con los presuntos terroristas acusados de asesinar a 191 personas se transmute, probablemente en los mismos sectores, en indignación sin límites y en humillación a las víctimas frente a la prisión atenuada acordada para el etarra De Juana, hasta llegar a calificar de terrorista y traidor al presidente del Gobierno.

Del contenido de las declaraciones de los procesados, parciales en sí mismas y en ocasiones contradictorias, sería prematuro y hasta irresponsable sacar conclusiones. Pero de su mezcolanza afloran con nitidez los trazos básicos del mapa del crimen dibujado por el juez Del Olmo. Va de Madrid a Asturias y retorna a la capital de España camino de la casa de Morata de Tajuña. Allí los terroristas montaron con la dinamita obtenida en una mina asturiana semiabandonada y sin apenas vigilancia las mochilas bomba que hicieron estallar en los trenes y con la que intentaron atentar el 2 de abril contra el AVE Madrid-Sevilla. Con esa misma dinamita, siete de ellos se suicidarán al día siguiente en Leganés. Pero es en la fase de prueba que ahora se inicia donde esos trazos deberán consolidarse e incluso hacerse más nítidos. Si ello se consigue, será más fácil situar sobre el mapa de los atentados a los integrantes de la célula yihadista que los planeó y ejecutó con la inapreciable y criminal ayuda de un grupo de delincuentes dedicados al tráfico de droga y explosivos. Y un hecho anecdótico, por no decir extraprocesal: ETA intentó sacar la cabeza en el juicio de la mano de algún acusador o defensor, pero ninguno de los sentados en el banquillo declaró conocerla.