La justicia prohíbe a la BBC informar sobre la venta de honores

La justicia británica prohibió a la BBC que difundiera una información relacionada con las investigaciones policiales sobre el caso de la presunta venta de distinciones por parte del Partido Laborista. La prohibición fue decidida una hora antes de que se emitiera el informativo de las diez de la noche del viernes en la primera cadena de la televisión pública. La decisión, pedida por el fiscal general del reino a instancias de la policía, hace pensar que éste puede acabar presentando cargos en relación con el caso.

El juez levantó parcialmente la prohibición anoche y autorizó a la BBC a revelar que la información censurada se refiere "a un correo electrónico interno de Downing Street entre dos miembros del círculo íntimo de Tony Blair", según informó la corporación.

La prohibición judicial de difundir informaciones es una práctica relativamente habitual y puede deberse a que una de las partes afectadas piense que la información es falsa o que daña su intimidad sin ser de interés público o porque puede afectar a un potencial proceso judicial. En esta ocasión, la razón parece ser la tercera, lo que refuerza la posibilidad de que se acaben presentando cargos contra alguien al término de las investigaciones, que empezaron hace ya 11 meses.

La intervención del juez fue requerida por el fiscal general del reino, lord Goldsmith, a petición de la Policía Metropolitana. Fue concedida tras dos horas de audiencia y tan sólo una hora antes de que empezara el programa en el que se iba a emitir la noticia. La BBC, que no puede desvelar el trasfondo del asunto, se limitó a decir que consideraba que dicha información tenía el suficiente interés público como para poder ser difundida.

La fiscalía aseguró en una nota pública que había intervenido de forma independiente frente al Gobierno, y un portavoz de Downing Street declaró que el Ejecutivo se enteró de los hechos a través de las noticias de la BBC. "La petición de un requerimiento judicial se hizo a través del fiscal general esta tarde a petición expresa y en cooperación con la policía, debido a su preocupación de que la difusión de cierta información en estos momentos podría impedir sus investigaciones", dice la nota difundida el viernes por la noche por la oficina del fiscal.

"El fiscal general ha actuado al respecto con completa independencia frente al Gobierno y en virtud de sus capacidades de interés público independiente", añade el texto.

La investigación policial empezó hace ya 11 meses tras una denuncia presentada por un diputado nacionalista escocés y pretende dilucidar si el Partido Laborista y el Partido Conservador han violado la ley de financiación de los partidos políticos y han prometido la concesión de distinciones -como la pertenencia a la Cámara de los Lores-a cambio de financiación. Pero en los últimos meses el centro de atención se ha desviado sobre todo a la posibilidad de que la policía esté investigando un posible delito de obstrucción a la justicia y que Downing Street haya destruido pruebas para proteger al primer ministro.

Tony Blair ha sido interrogado dos veces por oficiales de la policía en su despacho oficial, primero el 14 de diciembre pasado y luego el 26 de enero, pero en ambas ocasiones ha comparecido en calidad de testigo y no de sospechoso. Sin embargo, dos de sus más íntimos colaboradores han sido interrogados bajo arresto, lo que hace pensar que la policía les trata como sospechosos, y a ambos les ha interrogado por un presunto delito de obstrucción a la justicia. Se trata de lord Levy, el recaudador oficioso del Partido Laborista y amigo personal de Blair, y de Ruth Turner, que actúa de enlace entre el primer ministro y el partido.

Las investigaciones policiales sobre este caso se han convertido en un extraordinario quebradero de cabeza para el primer ministro y amenazan con echar por tierra sus esfuerzos por dejar Downing Street con dignidad.