El presidente de una asociación de militares recurre al Constitucional

El brigada Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el arresto disciplinario de un mes y un día que le impuso el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, teniente general Carlos Villar, por unas declaraciones en las que cuestionaba la versión oficial del accidente del helicóptero Cougar en el que murieron 17 militares españoles en agosto de 2005 en Afganistán.

Aunque Bravo terminó de cumplir su arresto hace ya una semana, quiere que el Constitucional anule su sanción, por considerarla ilegal. El recurso argumenta que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, suscrito por España, establece que sólo las autoridades judiciales pueden imponer penas privativas de libertad, como son los arrestos, y que hasta el pasado día 9 el Gobierno español no había presentado una reserva para exceptuar de este principio el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Como consecuencia de su arresto, el presidente de la AUME ha impugnado también la orden ministerial de 1993 que regula el régimen interior de los establecimientos disciplinarios militares, por considerar inconstitucional que se le prive de su móvil y se limiten sus comunicaciones al tiempo disponible con la única línea telefónica que tiene el centro para todos los internos.