62 días de sobresaltos sin tregua

Sólo dos meses -62 días- han pasado desde que una bomba de ETA en el aeropuerto de Barajas enterró bajo toneladas de escombros las vidas de dos hombres y el proceso de diálogo con la banda terrorista impulsado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Nueve semanas en las que, tras las declaraciones iniciales del Gobierno anunciando el "punto final" del proceso, se han sucedido: dos grandes manifestaciones de división frente a ETA; una bronca descomunal entre el PSOE y el PP a cuenta de la política antiterrorista; un comunicado de la banda confirmando el alto el fuego y, al mismo tiempo, lo contrario; los gestos de Batasuna reclamando un nuevo diálogo; y una polémica nacional por las medidas a tomar ante la suicida huelga de hambre de uno de los etarras más sanguinarios, Iñaki de Juana Chaos.

El último sobresalto en estos dos meses frenéticos se produjo el jueves, con la concesión del régimen de "prisión atenuada" a De Juana. Es decir, el traslado inmediato del etarra al País Vasco para que se recupere de su "grave estado de salud", primero en un hospital y luego, vigilado, en su domicilio. El PP interpreta que Rodríguez Zapatero cede así, por primera vez, ante el "chantaje" de un terrorista, y que lo hace con el objetivo de resucitar el "proceso de paz" cuando los ecos de la bomba de Barajas aún no se han disipado. El Gobierno lo niega.

- Del proceso "insalvable" al fin "posible" de la violencia. Tras el atentado, la reacción del Gobierno fue tajante. Zapatero ordenó la "suspensión" del diálogo con la banda y días más tarde confirmó que el proceso había llegado "a su punto final"; Rubalcaba fue aún más claro: el proceso está "roto" y es "insalvable". "Nunca más habrá otra tregua creíble de ETA", declaró. Pero el PP no se creyó esas palabras o las consideró ambiguas, porque Zapatero las acompañaba de otras como "estoy dispuesto a empeñar todo lo necesario para que en España no haya bombas" o "el fin de la violencia es posible en un tiempo razonable". Hace dos semanas, el presidente exigió el cese "completo y para siempre" del terrorismo.

- El comunicado de ETA... y el de Otegi. El 8 de enero, el Ejecutivo vasco comunicó que sendos zulos encontrados en Vizcaya ocultaban cerca de 200 kilos de explosivos y material para fabricar bombas lapa. Al día siguiente, ETA hizo público un comunicado en el que aseguraba que el alto el fuego seguía en vigor, y a la vez se reservaba el derecho a "responder ante las agresiones". La banda volvía a insistir en su exigencia de un "acuerdo político" que reconozca los "derechos de Euskal Herria". El líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, se desmarcó por primera vez de esa exigencia el pasado día 24: "El Estado español no tiene que pagar ningún precio político a ETA ni a nosotros", dijo en una entrevista en La Vanguardia. Un "elemento distinto" en el discurso de Otegi que Rodríguez Zapatero reconoció horas más tarde, aun considerándolo insuficiente.

- Manifestaciones contra la banda y contra el Gobierno. Una gran manifestación recorrió Madrid el 13 de enero para condenar los asesinatos de Barajas. Ni el PP ni la AVT acudieron, alegando que era un acto de apoyo al Gobierno. Sí participaron en la protesta también multitudinaria convocada a renglón seguido por el Foro Ermua contra la política antiterrorista de Zapatero, y el pasado día 24 volvieron a salir a la calle contra la rebaja de pena al etarra De Juana. La división se trasladó a la calle.

- Bronca entre partidos. La unión de fuerzas PSOE-PP ante la bomba terrorista duró lo que el duelo por los muertos. Después no ha habido tregua, tampoco política. El PP se empeña en debatir la política antiterrorista en el Congreso, ante la negativa del resto de grupos, que tachan de "desleal" e "irresponsable" esa estrategia. Los intentos para rescatar el Pacto Antiterrorista han fracasado: el PSOE rechaza los requisitos previos impuestos por el PP, como la ilegalización del PCTV.

- El órdago de De Juana. Iñaki de Juana Chaos inició una huelga de hambre, no decidida por ETA pero jaleada por el mundo abertzale, para exigir su libertad, que se habría producido dentro de un año. Llevaba 115 días sin comer -alimentado de forma intermitente con sonda- cuando el Gobierno concluyó que si seguía así se moriría. El Ejecutivo sostiene que ése ha sido el único motivo para conceder la prisión atenuada al etarra. El PP ve, tras esta "cesión al chantaje terrorista", el intento de alumbrar un nuevo "proceso".