La Audiencia de Cádiz ordena una nueva demolición contra una casa ilegal en Chiclana

El chalé que Margit Irmgard Zirner se construyó en 2003 en Pago Melilla, una urbanización de Chiclana (Cádiz), tendrá que ser derribado. Así lo ha ordenado la Audiencia Provincial tras atender un recurso de la Fiscalía de Medio Ambiente. Es la segunda vez que lo hace tras una reciente sentencia contra una casa en Zahora. La dueña de la vivienda, una ciudadana alemana, lamentó ayer la dureza de la decisión. "Es lo único que tengo", aseguró. El fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, ve en este fallo judicial la confirmación de un cambio de criterio de los jueces.

Margit llegó a Cádiz hace 13 años. Compró una finca de 6.000 metros cuadrados cerca del Novo Sancti Petri y allí, con licencia municipal, desarrolló una actividad de picadero y guía turística de paseos a caballo. En 2003 vendió parte de la finca y se construyó junto a los chozos y establos una casa de nueva planta de 120 metros cuadrados. Lo hizo sin licencia en suelo no urbanizable protegido y de interés agrícola. El Ayuntamiento le abrió expediente y la denuncia llegó al juzgado de lo penal número uno de Cádiz, que la absolvió de todo cargo. El recurso de la Fiscalía de Medio Ambiente ha dado un giro al caso.

El principal argumento de la absolución anterior era que la acusada había cometido un error. Según explicó ella ayer, desconocía que era necesario contar con una licencia. "Pensaba que se podía construir y que, después, se solicitaba el permiso", relató. La Audiencia Provincial recuerda en su sentencia que sí había pedido una licencia para su anterior ocupación de picadero y paseos a caballo. La condenada también reprocha que en su urbanización hay más de 800 casas, en suelos donde no se puede construir. Ese razonamiento atendido por el juzgado número uno de Cádiz es rechazado por la Audiencia Provincial. "Ese argumento exculpatorio introduce un criterio peligroso que permite hablar de un efecto llamada para seguir realizando construcciones ilegales, sobre los despojos de lo aún preservado", dice la sentencia. "La existencia de otras construcciones ilegales, que podría llevar a una crítica de los mecanismos de inspección de la administración correspondiente (...) no puede disculpar la actuación del orden penal", añade.

Esta sentencia está firmada por los magistrados Pedro Marcelino Rodríguez Rosales y Francisco Javier Gracia Sanz, los mismos jueces que suscribían la primera sentencia de la Audiencia Provincia que ordenaba un derribo de una casa ilegal a instancias de la Fiscalía. Aquel primer caso, conocido en enero de este año, afectaba a una casa de verano, una pequeña choza circular, en Zahora. El fiscal Ángel Núñez cree que llegarán más sentencias como éstas en próximas semanas. "El cambio de criterio es evidente. Y eso es lo más importante", aseguró ayer. El fiscal había sido crítico con la actitud de los jueces, contrarios, según él, a dictar órdenes de derribo ejemplares.

La condenada ha anunciado que recurrirá la sentencia, que le condena a seis meses de prisión y a pagar el derribo.