La futura ley prevé sanciones para quienes generen violencia con sus declaraciones

El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, volvió a subrayar ayer la "enorme gravedad" de lo sucedido en el estadio del Betis, y aseguró que la normativa actual "permite adoptar medidas" contra los responsables de la agresión. Y no sólo contra el autor material del botellazo que dejó inconsciente en el césped a Juande Ramos. "Lo que ha acompañado a este partido no ha ayudado", afirmó el responsable del deporte español, en referencia a la guerra dialéctica y de gestos que mantuvieron los directivos del Betis y del Sevilla en los días anteriores al encuentro. "Los que tenemos responsabilidades públicas debemos crear las mejores condiciones para que los partidos se celebren sin ningún tipo de enfrentamiento. No debemos trasladar a las aficiones las diferencias que pueda haber; quien siembra vientos recoge tempestades", subrayó.

Lissavetzky, que se puso en contacto el mismo día del incidente con el Ministerio del Interior para recabar información, explicó que ahora es el momento de que se pongan a trabajar los comités correspondientes: el de Competición de la Federación de Fútbol, que se reunió ayer, y la Comisión Antiviolencia, que ha sido convocada de forma urgente para hoy. Éstos deberán decidir si lo ocurrido en el Manuel Ruiz de Lopera es leve, grave o muy grave e imponer la sanción correspondiente.

Las cosas cambiarán cuando entre en vigor la nueva ley contra la violencia y el racismo, que en la actualidad se discute en el Congreso y que el secretario de Estado confía en que se apruebe antes del verano. Este texto, que surgió de un protocolo firmado por el Gobierno y el mundo del fútbol en marzo de 2005, permitirá imponer "sanciones más severas" cuando se produzcan incidentes como los del miércoles y reforzará jurídicamente a los comités encargados de castigar hechos similares.

Algunas de las medidas previstas en el proyecto provienen de la experiencia de otros países. Es el caso de la decisión de extender la responsabilidad de los clubes a los incidentes que causen sus seguidores fuera de los estadios, algo a lo que se han resistido los directivos del fútbol español, pero que ya se aplica en el Reino Unido.

Otra de las disposiciones que recoge el proyecto de ley, copiada de la legislación portuguesa, pretende atajar incidentes como los de Sevilla. Se trata de la posibilidad de imponer sanciones a todos aquellos que contribuyan a generar un clima de violencia con sus declaraciones, como hicieron en los días previos al partido de Copa los directivos del Betis y Sevilla. "Hay que ser riguroso y duro porque este partido ha venido acompañado de una polémica entre personas o directivas y no entre aficiones", apuntó Lissavetzky, quien añadió: "Hacer un estudio sobre las responsabilidades de cada uno".

El duelo se inició el pasado 10 de febrero cuando se enfrentaron en partido de liga los dos equipos de Sevilla. Entonces, el presidente del Sevilla, José María del Nido, no aceptó un regalo de la directiva del Betis con motivo del centenario de este club y se negó a fotografiarse con un busto del máximo accionista bético, Manuel Ruiz de Lopera. A partir de ahí, la escalada. Del Nido fue arrinconado en el palco bético el día del partido, la megafonía del equipo verdiblanco aireó los desaires sevillistas para jalear a la grada y el sobrino de Lopera empujó al presidente del Sevilla.

"La gente quiere ir con libertad y seguridad a un partido de fútbol. El peligro en estos casos es mirar hacia otro lado", concluyó el secretario de Estado para el Deporte. Para Lissavetzky eso es precisamente lo que pasó en Italia, donde el mes pasado murió un policía en los enfrentamientos provocados por el partido Catania-Palermo.