El agresor sigue libre

La policía aún no ha encontrado al hombre que lanzó la botella que impactó en la cabeza del entrenador sevillista. Según las descripciones de algunos de los espectadores que ocupaban los asientos cercanos al del agresor, se trata de un varón que rondaría la treintena y que daba la impresión de estar intoxicado por alcohol o drogas. Mientras la Delegación del Gobierno se mantenía en silencio sobre los avances del operativo de búsqueda del agresor, el abogado y consejero verdiblanco Manuel Castaño afirmó poco después del mediodía que los investigadores habían logrado poner nombre y apellidos al sospechoso por lo que su detención estaba cercana.

Lo que sí que confirmó la policía fue la detención de dos personas, presuntamente involucrados en los ataques al mobiliario urbano y otros actos violentos protagonizados por grupos de seguidores radicales del Sevilla, en los alrededores del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La primera detención tuvo lugar antes de que comenzara el partido. La policía acusa al apresado de participar en la quema de contenedores de basura de la zona y destrozos varios. La segunda detención fue la de un joven que se enfrentó aun grupo de agentes de policía que vigilaban el exterior del hotel en el que la plantilla sevillista se concentró para cenar tras la suspensión del partido.

Desde el Ayuntamiento se rebajaba ayer la importancia de los destrozos causados por los radicales sevillistas. En la noche del partido se llegó a hablar de la quema de hasta 60 contenedores. Un portavoz oficial aseguraba ayer que en el informe de los bomberos tan sólo se habla de cuatro contenedores. Lo que sí que hubo fue el derribo y uso a modo de barricada de todo tipo de mobiliario urbano.

La ira de los radicales sevillistas estalló cuando se les anunció que no saldrían a la venta las 300 entradas que estaban previstas para ellos. El Betis argumentó que no les había dado tiempo a reparar la zona dedicada a la hinchada visitante tras los destrozos causados por la hinchada sevillista en el derby liguero, disputado el 10 de febrero.

Según informe de la policía remitido a la Comisión Antiviolencia, el mismo miércoles sus expertos sugirieron a la directiva bética que se les adjudicaran localidades en la parte contigua de la grada, con capacidad para 570 personas y se comprometían mantener a los hinchas dentro de un cordón de seguridad formado por sus propios agentes. El Betis aseguró que ya habían vendido 160 asientos y que esperaban que este número aumentara mucho. Al parecer, no se ocuparon ni 50 de esas plazas.

El intercambio de entradas entre los dos clubes fue una práctica fijada hace poco tiempo en la que cada uno se comprometía a entregar 300 entradas a precios asequibles. El propietario del Betis ya decidió vetar a los seguidores sevillistas en su estadio en el choque correspondiente a la temporada 2002-2003. En otra ocasión, forzó la ausencia de los hinchas rivales al fijar el precio de la entrada más barata en 75 euros.

El martes pasado, los directivos verdiblancos entregaron el paquete de 300 entradas a la policía, dejando a su albedrío si se ponían a la venta o no.