El abogado acusado declara que se planteó denunciar al juez que liberó a un 'narco'

El abogado Francisco Del Pino, acusado de aliarse con el ex titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, Antonio Vicente Fernández, para lucrarse tras liberar al narcotraficante Manuel Mourente y su esposa, Antonia Ruiz, negó ayer esta connivencia, pero reconoció que se planteó denunciarle. Del Pino admitió que la decisión del juez le generó "graves dudas", pero finalmente optó por no presentar denuncia y se limitó a cortar su relación con él. El letrado abrió ayer el turno de declaraciones en el juicio que se celebra contra el juez y cuatro personas más en el TSJA.

Además del juez y el abogado acusados, se sientan en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada, el supuesto narcotraficante, la esposa de éste y un jugador de bingo. El fiscal imputa al magistrado Antonio Vicente Fernández cinco supuestos delitos de cohecho y tres de prevaricación judicial.

Hace dos años el magistrado fue detenido por la Policía después de amenazar con una pistola al encargado de un bar en Málaga, y condenado a pagar una multa de 90 euros por una falta de amenazas. El ministerio público le acusa ahora por su actuación profesional de "dictar resoluciones injustas, intentar influir en compañeros para que las dictaran u ofrecerse a ambas cosas, y obtener así diversas sumas de dinero". El juez permaneció ayer impertérrito ante las intervenciones del letrado y supuesto aliado, y no se desprendió de sus gafas de sol durante las cuatro horas que duró la primera sesión.

El fiscal mantiene que el abogado, el matrimonio al que defendía y el juez acordaron que éste los pusiera en libertad y devolviera a la pareja los 141.545 euros que le habían sido intervenidos por la Policía, para repartírselos luego entre los cuatro gracias a que el magistrado acusado sustituía al titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, que instruía la causa.

Del Pino se defendió de las acusaciones de confabulación con frases densas hasta que el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, le reprendió: "Déjese de circunloquios".

El letrado adujo que mantuvo con el juez "una conversación coloquial" sobre la liberación del narcotraficante sin saber que era el sustituto del titular del juzgado que instruía la causa, y comentó que el magistrado le recomendó que recurriera la prisión. Del Pino sostuvo que le extrañó que la resolución judicial resuelta a favor de la puesta en libertad de su defendida fuera firmada por él. "Me sorprendió que fuera favorable además por la agresividad del recurso del fiscal contra la prisión decretada", añadió Del Pino.

El fiscal solicita para el juez cinco años de cárcel, 54 de inhabilitación judicial, y una multa de 27.640 euros. El ministerio público estima en su escrito que el magistrado es aficionado al alcohol, la cocaína, el juego y los locales de alterne, y que atravesaba en el momento de los hechos por numerosos problemas económicos.

Al finalizar ayer la primera sesión, Fernández rechazó las acusaciones del fiscal: "Me han tildado de cocainómano y alcohólico. Todo falso". Su abogado suavizó su comentario y le echó un capote: "Sencillamente es un juez atípico".