El presidente del CGPJ no aclara quién alteró la sala de Batasuna

El presidente del Poder Judicial, el conservador Francisco Hernando, negó ayer que hubiera ordenado retrasar la notificación al Gobierno de dos nombramientos, lo que provocó la alteración de la composición de la sala del Supremo que juzga a Batasuna, dando entrada a un magistrado conservador en lugar de a una progresista. Hernando, que no aclaró el incidente, descargó las culpas en los técnicos del Consejo y pidió informe a su jefe.

Los vocales de la minoría progresista pidieron explicaciones a Hernando ayer sobre el retraso en el envío al Ejecutivo para su publicación en el BOE de las designaciones de dos de los cuatro magistrados del Supremo nombrados por el CGPJ el 20 de abril de 2005, que provocó que un magistrado propuesto por los conservadores, Antonio Salas, pasara a integrar la Sala Especial que ilegalizó a Batasuna. Si las cuatro designaciones se hubieran mandado al mismo tiempo, ese puesto en la Sala del 61 lo hubiera ocupado la magistrada Encarnación Roca, propuesta por los progresistas.

Hernando envió ayer un informe al pleno en el que explica que, como criterio general, los nombramientos de magistrados del Supremo se debaten en el órgano de gobierno de los jueces conforme se producen las vacantes y que su toma de posesión se produce según el orden de los reales decretos con los que el Gobierno oficializa sus designaciones. Lo que no aclaró el presidente en ese documento es por qué el Consejo retrasó el envío de dos de las designaciones del 20 de abril de 2005, como le pedía la minoría progresista.

Y no lo hizo porque, según redacta en ese mismo escrito, eso es responsabilidad de los servicios administrativos del Consejo. "El presidente (...) carece de competencia alguna en la materia, teniendo su llevanza, por tanto, carácter administrativo o, si se quiere, burocrático", afirma Hernando. "Las atribuciones para dicha llevanza corresponden, pues, con carácter exclusivo, a los órganos administrativos y técnicos del Consejo", continúa.

De acuerdo con ese criterio de que son los técnicos y el personal administrativo del órgano y no el presidente quienes se encargan de notificar al Gobierno los nombramientos, Hernando concluye su documento solicitando un informe escrito a su máximo responsable, el magistrado Celso Rodríguez Padrón, secretario general del Consejo, para que "dé cumplida satisfacción a cuantas explicaciones se exigen a esta presidencia", es decir, los criterios para determinar la antigüedad de los magistrados que inciden en la composición de la sala que juzga a Batasuna.

El vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas (propuesto por el PSOE), y los vocales progresistas Félix Pantoja, Luis Aguiar, Juan Carlos Campo, Montserrat Comas, Javier Martínez Lázaro y María Ángeles García, formularon un escrito discrepante con el de Hernando en el que aseguraban que el del presidente no explicaba "quién ordenó que se remitieran en fechas separadas en el tiempo al BOE" los nombramientos acordados el mismo día.

El pleno rechazó, gracias al voto de los vocales propuestos por el PP, la petición de los progresistas de pedir al Gobierno la suspensión de la publicación de los dos últimos nombramientos de magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal, el magistrado progresista Luciano Varela y el fiscal conservador Manuel Marchena. El sector minoritario consideraba conveniente que esas designaciones se paralizaran en tanto no se les dieran las explicaciones que reclamaban.