Inspección de Trabajo investiga la ausencia de planes de prevención en 1.600 centros educativos

En caso de la aparición de aluminosis en la estructura de un colegio o de que produzca un incendio en una cocina escolar o falle la evacuación de los alumnos debido a un escape de gas por la rotura de una tubería y los incidentes tuvieran consecuencias graves para la salud de los docentes o los alumnos la "responsabilidad exclusiva" recaerá sobre la Generalitat Valenciana a partir de ahora. Los delegados sindicales de la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector docente -que representan a 1.600 centros educativos y 52.000 docentes- interpusieron ayer un "requerimiento" formal ante la Inspección de Trabajo para "denunciar la no aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 12 años después de su aprobación" para "delimitar las responsabilidades" penales y civiles en caso de que se produjera un siniestro de esta gravedad. "No queremos ser corresponsables de la inseguridad en los centros educativos de la Comunidad Valenciana", resumió ayer, a este periódico Francisco Javier González, secretario de Acción Sindical de Fete-UGT, tras la presentación de la denuncia conjunta promovida por el STEPV, CC OO, ANPE, CSIF y Cemsatse.

La ausencia de los 50 técnicos y especialistas (psicólogos, médicos o ATS)

que debían de contratarse para poder iniciar las evaluaciones de riesgos en los centros educativos, a partir de la puesta en marcha de la "estructura de prevención" pactada hace cinco años, y "la ausencia de toda cobertura legal de los protocolos de Emergencia y Autoprotección escolar impulsados por los propios directores de centro", deja al sistema educativo valenciano en un limbo jurídico en caso de un siniestro, resumen los sindicatos. "Ni siquiera se han aplicado los acuerdos firmados en julio de 2006" -que tardaron cinco años en negociarse- que preveían la implantación de esta estructura de prevención y la entrada en vigor este curso 2006-2007 de un Plan Trienal de Gestión de Prevención de Riesgos del sector, cuya primera fase contemplaba "la evaluación inicial de riesgos en al menos un tercio de los institutos públicos con FP, un tercio de los centros de educación especial y la mitad de los de infantil".