Anticorrupción pide nueve años de cárcel para dos implicados en el fraude de los cursos del Imefe

La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión para el ex director gerente del Imefe (Instituto Municipal para el empleo y la Formación Empresarial) Ricardo Peydró Blázquez y el ex director del Servicio de Formación Ocupacional, José Luis Solana Azcárate, por el escándalo de las adjudicaciones de cursos de formación de empleo que no fueron impartidos y en los que fueron falsificadas las firmas de los supuestos asistentes.

Anticorrupción pide penas de dos años para otros seis responsables de las empresas adjudicatarias. En total , Anticorrupción reclama 30 años de cárcel para ocho acusados.

Según el escrito de la fiscal Pilar Melero Tejerina, los acusados Peydró y Solana adjudicaron de común acuerdo a diferentes sociedades cursos de formación para desempleados, subvencionados en un 45% por el Fondo Social Europeo y el resto, por el Ayuntamiento de Madrid "a cambio de dinero o regalos".

Solana, que elaboraba las propuestas de adjudicación, recibió una comisión de un 3% del importe total de cada curso que el Imefe abonaba a la sociedades adjudicatarias, cantidad que ascendió a

272.134,25 euros (45.279.328 pesetas). Ese dinero lo compartía con Peydró, quien firmaba arbitrarios decretos de adjudicación y además recibía presentes de valor importante por su cumpleaños.

Para evitar ser descubiertos, daban información a las empresas sobre cómo debían elaborar y presentar los programas formativos, y jamás comprobaban las ofertas sobre el terrenos, ni inspeccionaban los cursos.

"La situación dio lugar a que empresas con nula o escasísima experiencia en el sector y sin medios materiales o humanos, resultasen adjudicatarias de año en año". además de que un total de siete cursos, por importe de 154.532 euros (25.712.000 pesetas) no llegaron a ser impartidos, y para aparentar que se habían realzado dos de los adjudicatarios "imitaban la firma de profesores y alumnos en la documentación que remitían al Ifeme, suponiendo, de esta forma, su intervención en cursos que no se habían impartido".

Fraude masivo

Isabel Vilallonga, concejal socialista en el Ayuntamiento, que sacó a la luz el escándalo cuando estaba en el Ifeme, se felicitó ayer por el escrito de Anticorrupción, que aprecia presuntos delitos continuados de prevaricación, cohecho y falsedad, aunque asegura que la acusación se queda corta en cuanto las cantidades presuntamente defraudadas: "El fraude fue absolutamente masivo, no es lo que se ha podido acreditar. Hubo empresas que decían que daban daban clases a los presos y no lo hicieron nunca. Incluso metieron en la relación a la cárcel de Carabanchel, que estaba ya cerrada".

Villalonga reclamó que el ayuntamiento de Madrid se persone como acusación particular y que el PP depure responsabilidades en sus filas, pues los dos principales acusados son afiliados suyos.