La Generalitat plantea al Gobierno el traspaso de 40 materias, entre ellas las becas

La Generalitat de Cataluña entregó ayer al Gobierno central un primer listado de 40 funciones y servicios para iniciar el proceso de traspasos, marcado por el nuevo Estatuto y que, en su mayoría, no requiere modificación legislativa. Ambos Gobiernos dieron un paso más y decidieron crear tres ponencias para estudiar el traspaso de las funciones de inmigración; becas y ayudas a la educación universitaria y no universitaria y sobre las medidas de seguridad privada. Fue una de las conclusiones de la primera reunión de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat, surgida del Estatuto de Cataluña y que abordará los traspasos de competencias, la participación de la Generalitat catalana en los órganos del Estado y los conflictos de competencias.

La Comisión Bilateral crea grupos sobre el desarrollo estatutario, inversiones y conflictos

Encabezó la delegación del Gobierno central el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y la de la Generalitat catalana, su consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura. Ambos pusieron de relieve la importancia emblemática y política del encuentro. "Hoy echa a andar el nuevo Estatuto", afirmó el ministro, quien se comprometió a "una aplicación más rápida de este Estatuto", en relación con el anterior.

Para reforzar el carácter bilateral de la comisión, Sevilla y Saura decidieron que su presidencia sea rotatoria -el primer año la presidirá el ministro de Administraciones Públicas- y alternarán la celebración de las reuniones en Madrid y Barcelona.

Las primeras 40 competencias reclamadas por la Generalitat catalana al Gobierno central abarcan áreas muy variadas, desde la Seguridad Social y Trabajo hasta Justicia y Educación o medios de comunicación. También incluyen algunos traspasos pendientes del anterior Estatuto.

Además de la entrega del listado de la Generalitat al Gobierno central, ambas delegaciones acordaron la creación de comisiones de trabajo y fijaron calendarios. Así, decidieron crear una comisión de prevención de conflictos competenciales entre el Gobierno central y la Generalitat y otra para el desarrollo estatutario y la participación catalana en los órganos del Estado, que deberá fijar su hoja de ruta para antes de que finalice el año.

Ayer, ambas delegaciones decidieron crear un primer grupo de trabajo sobre funciones que pueden resolverse rápidamente, como las relativas a las oficinas notariales y registrales y a la participación de la Generalitat en Paradores de Turismo. Son varias decenas los organismos del Estado en los que participará la Generalitat de Cataluña, según el nuevo Estatuto.

Aunque la mayoría de los traspasos y participaciones en organismos del Estado no requieren modificación legislativa, para los casos en que la aplicación del Estatuto lo exija, Sevilla y Saura barajaron la posibilidad de promulgar una ley general de cooperación, que sirva para todas las reformas previsibles, aunque no descartaron limitarse a las modificaciones parciales de cada una de las normas afectadas.

La creación de un grupo para decidir la fórmula de cálculo de las inversiones del Estado en Cataluña, que ordena la disposición adicional 3 del Estatuto catalán, fue otro de los compromisos que alcanzaron ambas delegaciones. Sevilla precisó que en los Presupuestos Generales del Estado de este año ya existe un acuerdo de inversión, pero consideró necesario un método de cálculo estable a partir del año que viene.

En este sentido, Joan Saura propuso, ante los problemas suscitados desde comienzo de año en el funcionamiento de los trenes de Cercanías en Barcelona, que la segunda reunión de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat se celebre en Barcelona, a mediados del próximo abril, y tenga como tema monográfico la inversión estatal en infraestructuras y el avance del traspaso de su gestión. Abordarán, en concreto, los servicios de Renfe y de aeropuertos.