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La Fiscalía del Estado pide información del proyecto urbanístico de Los Merinos

La Fiscalía General del Estado, a través de su sala dedicada a los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, se ha interesado por la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga sobre el complejo urbanístico de Los Merinos, en Ronda. El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido envió el pasado 15 de febrero una carta al parlamentario andaluz por IU Antonio Romero en la que se le informa de que la sala ha pedido "información sobre el estado de las diligencias de investigación" así como "sobre la procedencia de instar medidas cautelares" sobre el proyecto, que incluye 797 villas de lujo, tres hoteles de cinco estrellas y dos campos de golf en las inmediaciones de la Sierra de las Nieves, un paraje protegido por la Unesco.

IU presentó ayer en el registro de entrada de la Audiencia de Málaga una nueva denuncia sobre la polémica macrourbanización. En el escrito, que completa otra querella presentada el pasado mes de noviembre, la coalición acusa al alcalde de Ronda, Antonio María Marín Lara (PA), de delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente por "permitir y amparar la continuación de las obras ilegales".

A principios de este mes, Obras Públicas, pidió a un juzgado de lo Contencioso-Administrativo la suspensión cautelar de los trabajos al entender que el proyecto violaba la declaración de impacto ambiental, al transformar el 69% de la superficie de la parcela, de unas 800 hectáreas, cuando el máximo permitido es de un 25%.

La urbanización carece, además, según la Cuenca Mediterránea Andaluza, de "viabilidad hídrica", ya que estaba prevista su construcción sobre un acuífero que abastece a varias localidades vecinas a Ronda. El regidor rondeño ha intentado salvar este obstáculo firmando un convenio entre el Ayuntamiento y los prmotores de Los Merinos para transportar agua de la futura depuradora de Ronda para regar los campos de golf. El organismo de cuenca aún no ha autorizado esta solución, que supone un "claro fraude de ley" para IU.

La denuncia anterior se centraba exclusivamente en supuestas infracciones administrativas en la tramitación del expediente de Los Merinos, urbanización contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1993, vigente en la ciudad malagueña. Ahora, ante la negativa municipal a parar la obra, que según IU, "ha provocado daños irreparables en una zona de gran valor ecológico", la coalición acusa a los promotores y al Ayuntamiento de un delito contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de febrero de 2007