El Gobierno repatria a menores inmigrantes con distintos criterios según las comunidades

La mayoría de los inmigrantes menores no saben que sus posibilidades de quedarse en España dependen de la región en la que viven. Si llegan a Canarias o a Andalucía, es casi seguro que no serán repatriados. Pero si se plantan en Madrid, es mucho más probable que vuelvan a su país de origen. En 2006 fueron repatriados 111 menores (el 80% a Marruecos), según datos del Ministerio del Interior. Más de la mitad vivían en Madrid, que sin embargo no es la comunidad que más acoge. Esta diferencia se produce a pesar de que es el Gobierno central quien ordena las repatriaciones.

Cuando un menor inmigrante llega solo a España y no hay ningún familiar ni nadie que se haga cargo de él, las entidades de protección de menores de las comunidades autónomas declaran que está en situación de desamparo y asumen su tutela. A partir de ahí, las autoridades estatales son las competentes para decidir si lo mejor para ese niño es quedarse en España o volver con su familia. Sin embargo, las distintas delegaciones del Gobierno se comportan de forma muy distinta. Tanto, que unas dictan resoluciones de repatriación y otras no.

La Delegación del Gobierno de Madrid repatrió en 2006 a 59 inmigrantes menores, según datos del Ministerio de Interior. A mucha distancia se encuentran Cataluña, con 13 chicos devueltos, y la Comunidad Valenciana, con 9. Andalucía y Canarias sólo repatriaron a un chico cada una. El desajuste no se explica por el número de menores que recibe cada comunidad. Andalucía, por ejemplo, con 762 inmigrantes bajo tutela, duplica la cifra de Madrid, de 300, según los datos que ofrecen ambas comunidades.

¿Qué pasa en Madrid? La Delegación del Gobierno indica que es la Comunidad la que pide que se inicie el expediente de repatriación y la que aporta información, y que ellos estudian luego cada caso. La Comunidad, por su parte, explica que ellos no recomiendan que se repatrie a nadie y que sólo piden a la Delegación que inicie "las averiguaciones pertinentes para saber si es lo más conveniente en cada caso", explica una portavoz de la consejería de Familia y Asuntos Sociales. "Pero, a partir de ahí, el procedimiento lo tramitan las autoridades estatales, que son las que pueden y deben averiguar, pidiendo los informes que sean necesarios, cómo es la situación de ese niño en su país y si debe volver o no con su familia. Ellos son los responsables", añade.

La situación es distinta en Andalucía. En esta comunidad, la Consejería de Bienestar y Asuntos Sociales también solicita la reagrupación familiar. "Lo hacemos conforme a la ley, pero como no hay suficiente información sobre la situación de los menores en sus países, la Delegación de Gobierno y la Fiscalía entienden que no hay garantías para repatriar", explica Carmen Belinchón, directora general de Infancia y Familia de la Junta.

La información que tienen ambas autonomías sobre los menores muchas veces es la misma: sólo una entrevista, la que se les hace cuando llegan para ver si están en situación de desamparo o no. Con sólo esa entrevista, en Madrid se les manda de vuelta a sus países y en Andalucía no.

El debate que subyace en la política estatal sobre menores inmigrantes se centra en dos preguntas: ¿son menores?, ¿son inmigrantes? El Estado dice que, como son menores, son las comunidades las que deben llevar la voz cantante en este asunto. "La diferencia entre comunidades se produce porque en las repatriaciones intervienen distintos agentes: fiscalía, comunidades autónomas y delegaciones del Gobierno", explica un portavoz del Ministerio del Interior. Las comunidades, por su parte, insisten en que es el Gobierno el único competente -y responsable- de decidir si se quedan o se van.

Respeto a las garantías

Más de 100 organizaciones en defensa de los derechos de la infancia denuncian que muchas veces no se verifica cuál es la situación de los menores en sus países de origen y que en las repatriaciones no se respetan las garantías legales. Sus quejas se centran en que el Gobierno, al menos en algunas regiones, no estudia los casos de forma individualizada y que nunca se piden informes al país de origen para conocer la situación familiar de ese menor. Critican también que los niños no tengan derecho a abogado, que no se les escuche antes de devolverlos -como es preceptivo en todo procedimiento administrativo- y que los chicos no se enteren de que vuelven a su país hasta que llega la policía para llevárselos al aeropuerto. Éstos son precisamente los argumentos que han usado varios jueces en los últimos meses para anular algunas repatriaciones.

En los últimos meses han parado cautelarmente más de 10 repatriaciones cuando los niños estaban ya en el avión camino a sus países. Hay más de 30 procedimientos abiertos por esta cuestión. Al menos en cinco casos hay sentencias dictadas -todavía no firmes- y en cuatro de ellos (dos en Madrid, una en Huesca y otra en Santander) se daba la razón a los abogados de los chicos.

El Defensor del Pueblo y el Consejo General de la Abogacía Española recomendaron el mes pasado al Gobierno que modificara determinadas prácticas para garantizar la legalidad. Algunas de esas críticas han tenido efecto. Desde el pasado enero, los menores no pueden ser repatriados desde Madrid sin que se les haya notificado previamente la orden de vuelta a Marruecos, según asegura la Delegación del Gobierno. Además, los chavales tendrán que ser escuchados para que puedan presentar cualquier tipo de alegación. En cualquier caso, si son repatriados, la mayoría de estos niños casi nunca vuelve con sus familias. Suelen quedarse en el puerto de Tánger esperando una oportunidad para colarse en un barco y volver a España.