Presidencia pedirá informes al Consell Jurídic que validen la convocatoria de elecciones autonómicas
"El Consell Jurídic Consultiu y la Junta Electoral son los órganos pertinentes" para pronunciarse sobre la validez del decreto que Francisco Camps firmará antes del próximo 2 de abril para convocar las elecciones a Cortes Valencianas. Así se expresó ayer el portavoz del Consell, Vicente Rambla, al ser interpelado por el fracaso de las negociaciones con el PSPV para reformar la ley Electoral valenciana y adecuarla al nuevo Estatut que fija el nuevo Parlamento en 99 escaños como mínimo, frente a los 89 que tiene ahora. El Consell ha optado por modificar por vía de urgencia la ley de Gobierno valenciano para dar cobertura legal al decreto de convocatoria de elecciones que tendrá que firmar Camps. Estos cambios legislativos sólo requieren de la mayoría del PP, que hará las modificaciones por vía de urgencia, en vez de la mayoría cualificada de dos tercios necesaria para aprobar la ley Electoral.
Rambla rechazó ayer que sean expertos constitucionalistas a título particular los que vayan a decidir la validez del decreto presidencial. "No son expertos los que van a dirimir estas cuestiones", sentenció el portavoz del Consell.
El portavoz parlamentario del PP, Serafín Castellano, dijo no estar preocupado por la inseguridad jurídica del proceso electoral y recalcó que "la voluntad del legislador ha quedado demostrada en reiteradas ocasiones" -en alusión a la proposición de ley de reforma de la Ley Electoral presentada por el PSPV, finalmente rechazada, que establecía el número de escaños en 99-. Castellano acusó a los socialistas de romper las negociaciones. El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Antoni Such, responsabilizó a los populares de la falta de acuerdo para cambiar la Ley Electoral y lo achacó, entre otras cosas, al "interés por mantener dudas jurídicas con el único objetivo de garantizarse una segunda vuelta cuando pierdan las elecciones autonómicas del 27 de mayo".
El Consell aprobó ayer la creación de una comisión para coordinar el proceso electoral del 27-M.
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