El TSXG ordena al Ayuntamiento de Vigo ejecutar dos sentencias de derribo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenó ayer al Ayuntamiento de Vigo la ejecución de dos sentencias que incluyen acciones de demolición en sendos edificios de las calles Rosalía de Castro y Jacinto Benavente. En el primer caso afecta a una gasolinera enclavada entre viviendas y, en el segundo, a un exceso de tres plantas en un edificio de 180 viviendas. Los socialistas pidieron la dimisión del concejal de Urbanismo, José Manuel Figueroa, y éste los tachó de "carroñeros políticos", atribuyendo los actuales problemas judiciales al plan general de 1993.

En el caso de la gasolinera enclavada en la urbanización de Rosalía de Castro, el TSXG ordena ejecutar una sentencia de 1996 que el Ayuntamiento considera inejecutable. El TSXG anuló entonces, y el Tribunal Supremo lo ratificó, el proyecto de compensación por mantenerse una gasolinera bajo las nuevas viviendas previstas en el planeamiento, que a día de hoy siguen sin construirse.

Para ejecutarse la sentencia tendría que aprobarse un nuevo proyecto de compensación que sustituyese al anulado. Pero esto es imposible, según el Ayuntamiento, por tratarse de suelo urbano consolidado y, por otra parte, porque en el caso hipotético de que se pudiera realizar un nuevo proyecto de compensación, hoy alteraría las titularidades registrales de los compradores de buena fe de las fincas resultantes del proyecto anulado. El propio Registro de la Propiedad de Vigo ha señalado la imposibilidad de seguir esa vía.

Como salida, el Ayuntamiento propondrá una "ejecución parcial": corregir la finca resultante del proyecto de compensación haciéndola coincidir con la finca ocupada por la gasolinera, adjudicando su propiedad a los demandantes (junta de compensación y varios cientos de propietarios de ese ámbito).

En el caso de Jacinto Benavente, el TSXG deniega el recurso de súplica del Ayuntamiento por considerar "inaceptable" que la demolición ordenada "se haga depender de un nuevo expediente de protección de legalidad urbanística" [el nuevo plan general que está siendo corregido en la Xunta]. El tribunal establece que esta actitud municipal "se presenta como una voluntad dilatoria y de indefinido retraso en la ejecución de una sentencia dictada en el año 1999".

Ambos autos judiciales dieron pie a José Manuel Figueroa, concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno municipal, para denunciar las graves lagunas de inseguridad jurídica que abrió el plan general de 1993 y cuya responsabilidad atribuyó a los socialistas, que gobernaban entonces la ciudad. Citó expresamente al alcalde, Carlos Príncipe, y a la primera teniente de alcalde a la sazón, Dolores Villarino, actual presidenta del Parlamento de Galicia.

El recientemente anulado plan parcial de Finca do Conde también tiene ese origen, aunque las licencias últimas fueron otorgadas por el actual Gobierno local. Los concejales socialistas Abel Losada y Xulio Calviño calificaron ayer su actuación como "pelotazo y escándalo urbanístico" y reclamaron la dimisión de Figueroa porque "sabía que había informes negativos e incluso sentencias judiciales contrarias" cuando se concedieron las licencias para construir ahí el mayor centro comercial de Galicia. "Hay que acabar con los maletines", dijo Calviño.

Figueroa defendió que el procedimiento administrativo con Finca do Conde había sido "impecable y avalado por setencias judiciales e informes técnicos". Con lo cual encontró motivos para calificar a los socialistas de "mentirosos, manipuladores, calumniadores y difamadores", atribuyendo a Abel Caballero la inspiración de "una cruzada contra la ciudad" para devolverla "a la crispación de los años 90". "Son unos carroñeros políticos", dijo.