El juez investiga las obras del casco histórico de Orihuela

El juzgado número 5 de Orihuela ha abierto una investigación por supuestas irregularidades en las obras de rehabilitación de casco histórico de Orihuela. El sumario es una de las 15 causas en las que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante desglosó su denuncia contra el Consistorio oriolano por supuestas ilegalidades urbanísticas y contables. El ministerio público sostiene que hubo "desfases de las valoraciones" en las casas rehabilitadas.

Las diligencias del juzgado por las supuestas ilegales en el proyecto para la rehabilitación del casco histórico de Orihuela comenzarán el próximo día 7 de marzo con el interrogatorio, en calidad de testigos, del concejal Francisco García Ortuño, y el portavoz de Los Verdes, Monserrate Guillén.

El proyecto para la rehabilitación del casco histórico de Orihuela se canalizó a través de una oficina municipal, dirigida por el urbanista y abogado José Vicente Escudero. Los trabajos, financiados por la Generalitat valenciana, se desarrollaron entre 1995 y 2003.

En su denuncia, el ministerio público sostiene que la Consejería y el Ayuntamiento pagaron cantidades "desorbitadas" por bienes inmuebles que unas vez construidos valían "muchísimo" menos.

La Fiscalía incluyó esta causa en su denuncia general a raíz de la denuncia formulada por los portavoces de la oposición y del ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa. El funcionario también mantiene que en la rehabilitación del casco histórico se "cobraron millonarias" comisiones ilegales.

El concejal García Ortuño, en su declaración previa ante el fiscal anticorrupción, declaró: "Se creó una oficina urbanística para la gestión del casco antiguo, el de director de la cual era Vicente Escudero Galante, que va a aprobando subvenciones y se emplean comisionistas para adquirir edificios, sanearlos y reconstruirlos y se realizan operaciones combinadas para conseguir un sobrevalor en una compra tras otra, que no se documenta más que privadamente, hasta que la Consejería [entonces de Obras Públicas] y el Ayuntamiento pagan cantidades desorbitadas por algo que vale mucho menos".

Uno de los aspectos concretos de la denuncia del edil, hace referencia a un mandamiento de pago por 300.506 euros no justificado y, además, que el director del proyecto, el abogado Escudero, compaginó el cargo con su actividad privada.

El mencionado pago fue aprobado por la comisión de gobierno el 15 de abril de 1997. Su destino eran gastos relativos con los compromisos con los propietarios de los inmuebles comprendidos en el proyecto de rehabilitación. El concejal mantiene "que no se han adjuntado los justificantes de pagos realizados, la valoración de inversiones, las escrituras de transmisión, ni los talones a nombre de propio mandatario, y ni tan siquiera se ha rendido cuenta del mismo ante dicho órgano municipal, como es preceptivo". El alcalde, José Manuel Medina, del PP, titular del mandamiento sostiene que el documento está debidamente justificado. El director de la oficina también rechazó cualquier irregularidad y aseguró que el mandamiento de pago "está justificado hasta la última peseta".