López reclama a Ibarretxe que concrete cuándo se aprobará la ley de Servicios Sociales

El anuncio hecho la semana pasada por el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, de EB, de que su departamento cuenta ya con un anteproyecto de ley de Servicios Sociales ha espoleado a los socialistas, que vienen demandando esa norma de manera insistente durante los últimos años. Visto ese anuncio, el secretario general del PSE, Patxi López, ha presentado en el Parlamento una interpelación al lehendakari, Juan José Ibarretxe, sobre la futura ley para que aclare cuáles son los criterios y fechas que maneja el Gobierno para su aprobación y remisión a la Cámara.

Madrazo adelantó que el proyecto podría ser aprobado por el Ejecutivo el próximo año. Según López, el anuncio del consejero no disipa una serie de dudas "razonables" sobre la posibilidad de que la futura ley pueda salir adelante en los plazos indicados y con los contenidos adecuados "desde el punto de vista de la universalización de los derechos sociales de la ciudadanía". Entre otras razones, argumenta que la cartera de servicios sociales disponibles y los requisitos que se deben cumplir para acceder a cada uno de ellos se encuentran todavía por decidir.

El líder de los socialistas vascos expresa además en la interpelación sus dudas sobre el grado de consenso que puede suscitar el anteproyecto anunciado por Madrazo. "De momento", señala López, "lo que sabemos es que cuenta con rechazos importantes y explícitos en las diputaciones forales, con las que, por otra parte, el consejero se ha comprometido a negociar. Esto indica que la futura ley tiene aún mucho camino por recorrer".

Negociación difícil

Los socialistas ya amagaron en el penúltimo pleno parlamentario de 2006 con presentar una moción de censura contra el consejero si no remite el proyecto a la Cámara

este año. Las iniciativas del PSE demandando una ley o, en su defecto, el desarrollo de la que ya existe son frecuentes. Ahora es Patxi López el que pregunta por las fechas, consciente de que la negociación con las diputaciones pueden ser arduas dadas las diferentes políticas sociales de los tres territorios y las discrepancias que han surgido en torno a la financiación de los servicios.

El anteproyecto que presentó Madrazo está cargado de ambiciosas propuestas, ya que definirá las prestaciones sociales como un derecho universal que se podrá exigir ante los tribunales. La ley de Dependencia ya ha abierto ese camino, regulando los servicios sociales como derechos que se pueden exigir ante la Administración y la Justicia. Otra complicación añadida es que en la actualidad las políticas sociales están repartidas en dos departamentos dentro del propio Gobierno: Vivienda y Asuntos Sociales, dirigido por Ezker Batua, y Justicia, Empleo y Seguridad Social, que encabeza Eusko Alkartasuna y que tutela todo lo relacionado con la renta básica.