El Supremo pone fin al intento del PP de privatizar la televisión pública valenciana

El Tribunal Supremo ha zanjado el intento del entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana de privatizar parcialmente la gestión de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el ente público en 2005 después de que los tribunales ordinarios declarasen nulos los concursos para privatizar la edición de los informativos, el suministro de contenidos y la venta de publicidad. Glòria Marcos, coordinadora general de EUPV, dijo ayer, tras hacer pública la sentencia, que la pretensión de RTVV no tenía soporte legal.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado en 2005 por Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) contra la decisión de los tribunales ordinarios de anular los concursos para privatizar una parte de la gestión de Canal 9. La decisión del Supremo, subrayó ayer Glòria Marcos, acaba con la pretensión del entonces Gobierno valenciano, que presidía Eduardo Zaplana, de "acometer una privatización encubierta y progresiva" del canal autonómico.

El Supremo basa su rechazo, explicaron los abogados Enric Bataller y Javier Trives, en que el ente RTVV es "un simple gestor del servicio público de televisión, pero no puede considerarse como una Administración que tenga confiada la interpretación y defensa de los intereses generales". Además, el tribunal argumenta que no existe motivo que justifique una casación en interés de ley -como argumentó RTVV en su recurso- porque el ente se limitó a invocar "la idea genérica y no demostrada de que la gestión privatizada de un servicio supone una mejoría del mismo respecto a la gestión directa pública".

La privatización de Canal 9 -promovida por el gobierno de Zaplana y que el ahora presidente de la Generalitat, Francisco Camps, congeló a la vista de los recursos judiciales presentados contra el proceso- la acordó el consejo de administración del ente en marzo de 2003. Concretamente, el consejo decidió ceder a la empresa privada por periodos de cinco años renovables la edición de los informativos, el suministro de los contenidos audiovisuales y la venta de espacios publicitarios de Canal 9.

EUPV recurrió junto a otras formaciones políticas y organizaciones sindicales -se presentaron hasta seis recursos- la decisión del consejo y la convocatoria de concursos para privatizar la gestión. Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo primero, y luego el Tribunal Superior de Justicia valenciano decretaron la paralización cautelar de los concursos y más tarde su nulidad. También invalidaron el acuerdo del consejo de 2003. "EU entendía", agregó la coordinadora, "que los votos del PP [mayoría en el consejo] no podían imponer una resolución contraria a la legalidad y que vaciaba de contenido sus funciones".

Marcos reclamó al Gobierno valenciano y a RTVV que reconozcan que estaban incumpliendo la ley cuando intentaron privatizar la televisión autonómica. "La pretensión de RTVV convertía en papel mojado la posibilidad efectiva del consejo de control social", apostilló la coordinadora general. La actual candidata a la presidencia de la Generalitat por Compromís pel País Valencià defendió una nueva forma de dirigir RTVV, "con un plan de viabilidad, la utilización mayoritaria del valenciano, la recuperación de la producción propia y un consejo de administración con plenas competencias".