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Toxicología no aprecia peligro para la salud en la EPO de las bolsas de plasma

El informe de la Operación Puerto precisa que el riesgo se corrió en la administración previa

"La administración de las cantidades existentes en las bolsas no sería suficiente para provocar efectos perjudiciales". El dictamen sobre el informe del laboratorio antidopaje de Barcelona acerca de la detección de eritropoyetina exógena (EPO) en algunas bolsas de plasma de la Operación Puerto que el Instituto Nacional de Toxicología ha remitido al juez señala con claridad su falta de peligro para la salud dada la escasa cantidad hallada, pero resalta que en todo caso "podría tener mayor riesgo la administración del propio plasma o de las bolsas de sangre por sí mismas".

Con este informe oficial, firmado por el doctor Rafael Cabrera Bonet, la defensa de los imputados en la Operación Puerto por un delito contra la salud pública considera demostrado que dado que no hay peligro para la salud no hay delito contra la salud y que el juez Antonio Serrano, del juzgado 31 de la Plaza de Castilla de Madrid, terminará archivando el sumario abierto a raíz de la mayor operación policial llevada a cabo en España contra el dopaje.

Así lo entendía ayer, por lo menos, Agustín Tornos, abogado de José Luis Merino Batres, hematólogo madrileño que colaboró con el también imputado Eufemiano Fuentes en el establecimiento de un dispositivo para practicar transfusiones de sangre a deportistas con fines dopantes. "Todavía está pendiente de determinar el origen de la EPO hallada en las muestras sanguíneas analizadas, que bien pudiera ser preexistente a las propias extracciones, pero, en todo caso, el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses confirma que los niveles detectados son insignificantes y absolutamente inocuos para la salud", dijo Merino Batres, uno de los ocho imputados. "Cada paso de las investigaciones confirma que no hay posible daño para la salud de los deportistas supuestamente afectados".

No es tal el parecer, evidentemente, de los investigadores que desmantelaron en mayo pasado la red organizada de dopaje en la que estaban implicados al menos unos cincuenta ciclistas y que hallaron en congeladores y refrigeradores de diversos apartamentos de Madrid centenares de bolsas de sangre y plasma listas para practicar transfusiones. Su tesis, los argumentos que los llevaron a la detención de las personas implicadas por un presunto delito contra la salud pública -en mayo de 2006 aún no era delito penal el dopaje en España-, es que la presencia de EPO exógena, aun en pequeñas cantidades, en las bolsas de plasma en todo caso demuestra una falta de cuidado mínimo en el proceso de la extracción de sangre semanas antes de su uso fraudulento, dado que la reinfusión de ese plasma habría supuesto que los deportistas dieran positivo en los controles antidopaje.

El modus operandi habitual presuponía una fuerte carga de EPO inyectable varios días antes de las extracciones para aumentar artificialmente el número de glóbulos rojos y la hemoglobina de los deportistas, con lo que se evitaba posibles problemas de anemia o debilitamiento con la extracción, consistente habitualmente en dos unidades (poco menos de un litro de sangre).

"¡Claro!, y una sola raya de coca tampoco es peligrosa para la salud", señalan fuentes de la investigación. "Es el consumo continuado, el efecto sinérgico entre medicamentos y el empleo de falsificaciones lo que tiene riesgo".

Así, como también señala el informe del INT, con el uso de la EPO no hubo ausencia absoluta de riesgo. "Entendemos que la presencia de eritropoyetina exógena en tales bolsas obedece a su administración previa a sujetos posiblemente sanos", dice el dictamen oficial. "Y en tal caso el riesgo es por ello mismo previo a su existencia en las citadas bolsas".

Por otra parte, el juez Serrano está devolviendo algunas comisiones rogatorias a los jueces del lugar donde viven los ciclistas que han empezado a declarar como testigos porque no se ha preguntado a éstos las cuestiones concretas del formulario. Algunos corredores deberán declarar de nuevo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de febrero de 2007