La Vila exige una moratoria del PGOU
Nace una plataforma en contra de la revisión del planeamiento por su "insostenibilidad"
La Asamblea Ciudadana contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Vila Joiosa, entidad que aglutina a grupos ecologistas y propietarios de terreno, acordó anoche solicitar al alcalde de la población, José Miguel Llorca, del PP, una moratoria de la revisión de planeamiento urbano del municipio que, inicialmente, prevé recalificar unos 16 millones de metros cuadrados. La plataforma cívica anunció una campaña de recogida de firmas entre los vecinos para solicitar la anulación del avance del planeamiento, a su juicio, "insostenible".
La plataforma cívica está integrada por la Asociación de Perjudicados por el Urbanismo Especulativo, el Grup Ecologista Xoriguer, la Asociación de Afectados del PP14 y la Asociación La Robella 2006. Estas cuatro entidades han elaborado un documento de alegación al planeamiento que busca "la mayor cantidad de apoyos", según un portavoz. El concierto previo del nuevo PGOU pretende multiplicar por seis la población hasta alcanzar los 140.000 habitantes. El malestar ante el crecimiento previsto se ha incrementado entre los vecinos tras conocerse la compra y venta masiva de fincas por parte de empresarios vinculados al PP justo cuando se estaba redactando el planeamiento, que creará un beneficio en algún caso superior a los 100 millones de euros.
También están recogiendo firmas para presentar una segunda alegación en la que se solicita la nulidad del avance del PGOU y se exige la apertura de un nuevo procedimiento "ya que el actual no ha tenido en cuenta los intereses del pueblo". La plataforma defiende un "urbanismo sostenible y participativo, oponiéndose radicalmente a la actitud del equipo de gobierno local del PP, que ha redactado el concierto previo del PGOU con absoluto secretismo y sin la participación de los ciudadanos".
El primer edil y principal impulsor del plan ha anunciado la ampliación del plazo de exposición del concierto previo 15 días más, hasta el 28 de febrero. Una cesión mínima, ya que en la charla pronunciada el pasado jueves los afectados le pidieron varios meses de tiempo para estudiar la propuesta.
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