21 de los 28 municipios obligados por la ley carecen de parques de bomberos

La gran mayoría de los ayuntamientos gallegos incumple la ley de bases que obliga a los 28 municipios de más de 20.000 habitantes a contar con un servicio de bomberos. En la actualidad sólo las siete grandes ciudades y Monforte, que no estaría obligado por ley, cuentan con parques propios. La Xunta y las Diputaciones Provinciales han tratado de suplir las carencias con servicios comarcales privatizados. Los tres sindicatos piden cambios en la Ley de Emergencias que prepara el Parlamento gallego para que los servicios de extinción vuelvan a ser públicos.

Los siete grandes ayuntamientos de Galicia tienen contratados a 350 bomberos. El parque de Monforte de Lemos a siete. Son las únicas excepciones que cumplen la Ley de Bases de la Administración Local. En su ártículo 26 el texto obliga "a los municipios con población superior a 20.000 habitantes a prestar el servicio de prevención y extinción de incendios y Protección Civil". Pese a ello ninguno de los otros 21 ayuntamientos gallegos que superan ese censo disponen de parques de emergencias.

El defícit de agentes han tratado de suplirlo las Diputaciones Provinciales y el Gobierno gallego a través de consorcios que entregaron la gestión del servicio de bomberos a tres empresas privadas sin experiencia en el sector.

En la actualidad 15 parques comarcales operan bajo esta fórmula y la Xunta tiene previsto abrir dos más en O Porriño y Xinzo de Limia, y otros tres en la provincia de Lugo. Galicia es la única comunidad española que mantiene servicios de bomberos privados.

Ésa privatización es la que pretenden revertir UGT, Comisiones Obreras y CIG en la Ley de Emergencias que prepara el Parlamento Gallego. Los sindicatos anunciaron ayer protestas en la calle durante la próxima semana para exigir cambios en el anteproyecto que aprobó la Xunta de Galicia para garantizar que las urgencias sean un servicio público y para que la futura ley otorgue a los bomberos la categoría de agentes de la autoridad.

El portavoz de la Plataforma de Bomberos, Carlos Rey, lamentó que los bomberos no tengan esa consideración en el borrador diseñado por la Xunta y advirtió de las consecuencias concretas que podría tener en la actuación de los agentes. "Ser agentes de la autoridad nos confiere potestad para desalojar un edificio o para dar órdenes en caso de emergencia, de lo contrario no tendremos ninguna capacidad legal de hacerlo". Detrás de esta demanda, está también la reivindicación de "un auténtico servicio público de Bomberos de Galicia" que los convierta en funcionarios. Porque no hay ejemplos de agentes de la autoridad que no estén adscritos a una Administración Pública.

A día de hoy, sólo los 350 bomberos de las ciudades y los siete de Monforte son funcionarios dependientes de sus respectivos ayuntamientos. El resto de los casi 200 agentes que dependen de los parques comarcales han sido contratados por empresas privadas. Sus condiciones laborales tampoco resisten comparación. Mientras los bomberos de A Coruña cobran 1.500 euros al mes, sus compañeros de Arteixo, con los que han coincidido en más de una emergencia, perciben la mitad.

"El PSdeG y el BNG han olvidado sus promesas electorales e incluso su pacto de gobierno que establece que los servicios de emergencias deben ser públicos y han optado por prolongar la privatización iniada por el PP", se lamenta Xosé Vázquez, de UGT. "Y esa precariedad laboral se traduce en los servicios que reciben los ciudadanos", añade. "Porque una empresa privada obedece a su beneficio económico y ese será el criterio que utilizará en la gestión de las emergencias, añadió Xosé Carlos Crespo, representante de CIG.

El manifiesto sindical presentado ayer en Santiago por las tres centrales también reclama un mando único sobre los distintos efectivos que participan en la extinción de fuegos para que obedezcan las mismas órdenes y dispongan de medios similares para hacer frente a las situaciones de crisis. Tanto los sindicatos como la Plataforma de Bomberos exigen además la misma formación para las 7.000 efectivos que participan cada año en la extinción de fuegos, incluidas las brigadas de Medio Rural, los Grupos de Intervención Rápida y las cuadrillas de los ayuntamientos.

Para presionar al Gobierno gallego, las distintas organizaciones han convocado una marcha de bomberos el miércoles en Santiago, que obligue a la Xunta a "dignificar el trabajo de los servicios de urgencias".