Madrid, Navarra y el País Vasco encabezan la construcción de viviendas sociales

¿Quién construye vivienda pública en España? El País Vasco, Navarra y Madrid están a años luz del resto. En estas tres comunidades, al menos uno de cada cinco nuevos pisos construidos desde 2001 es de protección oficial. Baleares, Canarias y Cataluña están en el furgón de cola, muy lejos de la media española, que se sitúa en el 10,4% de los pisos iniciados en el último lustro. Tanto el Gobierno central como los autonómicos atribuyen las amplias diferencias regionales a las reservas de suelo que vienen aplicando las comunidades más activas en construcción de viviendas de protección oficial.

A Isabel Cidoncha, de 35 años y mileurista, le tocó la lotería en 2004: una vivienda de protección oficial (VPO) en el centro de Barcelona. Un alquiler de 187 euros al mes por 36 metros cuadrados en el corazón mismo de la capital catalana, "muy cerca del barrio de Gràcia", apostilla. Lo de la lotería no es una metáfora. Isabel salió ganadora de un sorteo de mil pisos protegidos en el que había unas 15.000 peticiones. No se trata de un caso asilado. Lo mismo ocurre en todas las grandes ciudades, donde las pisos protegidos se han erigido como una posibilidad de acceso a la vivienda para colectivos que difícilmente pueden pagar precios de mercado. Pero las posibilidades de encontrar un piso protegido no son las mismas en San Sebastián que en Palma de Mallorca.

Las autonomías tradicionalmente gobernadas por la derecha son las que mayor esfuerzo relativo han hecho -grosso modo- por impulsar la vivienda de protección oficial en España en los últimos cinco años. El mundo al revés: comunidades como Andalucía y Castilla-La Mancha se sitúan por debajo de la media, y Cataluña está en el furgón de cola, según se desprende de los datos oficiales del Gobierno.

Al menos una de cada cinco viviendas iniciadas en Madrid, Navarra y el País Vasco desde 2001 son pisos protegidos. La media española es mucho más pobre, con una VPO de cada 10 viviendas iniciadas desde 2001. En Cataluña y en los dos archipiélagos, esa cifra se reduce a poco más del 5% de los pisos iniciados.

Reservas de suelo

Las razones de esta desigual distribución geográfica son diversas, pero tanto las administraciones como los expertos coinciden en un dato clave. El País Vasco, Navarra y, en menor medida, Madrid, llevan casi una década destinando parte del suelo a pisos protegidos por ley. "En Cataluña hemos perdido 10 años; la reserva de suelo se hace sólo desde 2004", explica Carme Trilla, secretaria de Vivienda del Gobierno catalán. "Las perspectivas indican que las cifras van a mejorar a pesar de la carestía de suelo, por la reserva y porque para los promotores ahora sí es rentable construir VPO", afirma.

"Mientras la vivienda libre se vendía incluso sobre plano y con fuertes plusvalías para los promotores nadie construía pisos protegidos. Ahora es diferente, a los empresarios les salen los números", explica Juan Blasco, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Blasco reconoce que hasta 2003 apenas había vivienda protegida en Madrid. Pero las cosas han cambiado radicalmente: uno de cada cuatro pisos iniciados en 2006 corresponden a VPO, con más de 23.000 viviendas. "La reserva de suelo es una de las causas. Pero también políticas como el alquiler con derecho a compra de pisos protegidos, que ya han desarrollado varias comunidades", dice.

El Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha varias medidas para estimular la VPO, especialmente entre los jóvenes, que van de las ayudas directas a los pisos de precio concertado, hipotecas más largas y la necesidad de mantener la calificación por un plazo mínimo de 30 años, que comunidades como Cataluña han elevado a 90 años para evitar fraude. De momento, no parece suficiente. Rafael Pacheco, director general de Política de Vivienda, asegura que el objetivo es que a medio plazo "uno de cada tres pisos iniciados sea de protección oficial", cuando la proporción actual es de uno a diez. La ley de suelo, en pleno trámite parlamentario, introduce la obligación de que al menos un 25% del suelo se destine a VPO, una medida que ya aplican -con porcentajes mayores- varias comunidades. "El crecimiento de las VPO empieza a verse claramente ahora, en los datos de viviendas iniciadas. Es evidente que hay más voluntad política en todas las administraciones", concluye.